La concepción de democracia, desde siempre, ha remitido a la voluntad y al poder del pueblo,   hechos que las instituciones deberían estar abocadas a realizar. La Constitución italiana de 1948 incorpora este concepto. Las instituciones son, por tanto, una expresión del pueblo y de su voluntad, y su legitimidad nace de su capacidad de ejercer estas funciones mediante el poder de revocabilidad de los funcionarios electos, que las elecciones y otras expresiones del consenso permiten. Tenemos así, un sistema político que impide la consolidación de los grupos de poder y de las posiciones privilegiadas de gobierno opuestas a la voluntad del pueblo y el bien común.

De ahí el “malestar” de los grupos y personas que perciben el poder político como la continuación de su proprio poder económico y personal y al gobierno de la sociedad como un ejercicio muy complicado e importante para dejarlo en manos del “pueblo”. En esta relación funcional entre el pueblo y las instituciones se inserta el juego del derecho, en un intento, a menudo exitoso, de crear un dualismo en la unidad del pueblo. Esto comienza con la introducción de la autonomía en las instituciones políticas, es decir, autonomía de la expresión de la voluntad popular; continua con la posterior independencia, que desde los más altos cargos del Estado se extiende luego a las instituciones (Parlamento), a los representantes individuales, etc., todo esto en una carrera generalizada por expropiar la soberanía popular.

La base teórica de esta operación de expropiación de la soberanía popular en el Estado moderno es el descubrimiento de la persona, su independencia de la unidad del todo al que pertenece, su derecho a rasgar el contrato social que lo une a la comunidad, su indiferencia a la voluntad de los ciudadanos que lo han elegido o nombrado para desempeñar ciertas funciones. En consecuencia, estamos en presencia de lo que Pietro Barcellona define como el surgimiento de la “subjetividad abstracta”, “la sociedad de los individuos”, es decir, un individuo libre de las limitaciones de la estratificación social pero que “entrega, sin embargo, su libertad a la autonomía del sistema económico y a la transformación de las relaciones humanas en relaciones de intercambio entre cosas equivalentes, es decir, a los automatismos de las llamadas leyes económicas y a la objetivación de cada valor en la forma de valor de cambio” (1).

Se establece así un orden “moderno”, que gira en torno a dos polos “lógicamente” incompatibles: “el principio de la libertad individual que asume el ejercicio del derecho subjetivo como fuente del ordenamiento y el principio del autogobierno social, que instituye a  la soberanía popular y la democracia como el único depositario del poder normativo” (2). En las décadas de afirmación y de imposición de la globalización (1970-2000), el dominio del primer principio ha parecido irreversible, dando lugar a numerosas teorías (alienación, homologación, sociedad líquida, etc.). Diluido de esta manera el pueblo en las corrientes de la “historia”, siendo esta última decidida y descrita por otros, se trató de reemplazarlo en la teoría de las élites, por intelectuales, hoy expertos y políticos que se encargan de elaborar y gobernar el destino de la sociedad.

En consecuencia, al malestar de la democracia se ha respondido interviniendo sobre los dos sujetos capaces de expresar la voluntad popular: el pueblo y la élite. La Europa de los años setenta en adelante, se ha convertido en un importante laboratorio de experimentación de este nuevo mecanismo de control social y de los fines de la democracia, introducido por la globalización y gobernado por la Unión Europea. Al respecto, varias han sido las líneas de acción. En primer lugar, manipulando los procesos de formación del consenso popular a través de la vulgarización de su cultura de base, esto, realizado por medio de las formas modernas de retórica y populismo implementados en los medios de comunicación y, en particular, en la televisión. Se ha producido así, la manipulación de las necesidades, dando vida a una sociedad que, en palabras de Federico Caffè, es abundante en lo superfluo, pero carece de las cosas esenciales para la vida de las familias y de las personas.

En segundo lugar, nos centramos en la formación y selección de la élite. En este sentido, han revivido las formas de enjaular a los grupos sociales y profesionales que constituyen la base de reclutamiento de los estratos administrativo-burocráticos de la sociedad, dado el resurgimiento de las asociaciones masónicas y el encausamiento de las clases intelectuales en las fundaciones. En paralelo, se ha apuntado a los procesos de educación superior a través de las instituciones de la “sociedad del conocimiento”, dirigidas al control de la formación universitaria, de la investigación, etc… cuyas fases incluyen la desestabilización de la docencia universitaria y de la investigación a nivel nacional y su reemplazo por Centros de excelencia (3). En la convergencia de los efectos de estas líneas de intervención tenemos que reconocer el establecimiento del pensamiento único.

Sin embargo, la represión del vínculo social nunca ha producido su extinción, aunque si lo ha constreñido a las catacumbas de la familia, de lo local, de las asociaciones de solidaridad y religión, etc. En efecto, esto ha sido re-explotado a través de los dispositivos bien controlados y protegidos de los sistemas políticos y de control económico predispuestos cuando las formas de robo han ido más allá de los límites de la supervivencia y la  tolerabilidad social. Las elecciones europeas de 2014, las octavas desde 1979, que se celebraron en mayo en los 28 Estados miembros de la UE, han otorgado una visibilidad clara a la formación y al crecimiento de la revuelta social.

En particular, la crisis de la Eurozona, que ha afectado a todos los países europeos y, específicamente, a los países del sur de Europa e Irlanda, ha producido una disminución significativa del apoyo popular a las políticas de austeridad impuestas por la Troika y llevado la desconfianza de los ciudadanos en todos los países miembros hacia los tratados y las instituciones europeas a un máximo histórico. Las encuestas realizadas con anterioridad a las elecciones informaron que la aprobación de los griegos a las medidas de Bruselas se redujo del 32% en 2010 al 19% en 2013, y en España del 59% en 2008 al 27% en 2013 (Gallup 08/01/2014 ). Solamente en 4 sobre un total de 28 países miembros se recogieron datos positivos sobre las élites de Bruselas (Huffington Post, 20.1. 2014).

La “vocación democrática” de la élite de Bruselas fue puesta bajo la lupa frente a las reacciones que estos datos han causado. “Reacciones sin fundamento, consecuencia del extremismo de izquierda y de derecha”, según el presidente de la CE, José Manuel Barroso – personaje acostumbrado a volar alto con sus pensamientos-; o según las palabras más terrenales del Ministro de Relaciones Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, para quien las fuerzas centrífugas puestas en movimiento por la crisis son “peligrosas” y los euroescépticos unos “sin cerebro”. Con el cada vez menor espacio de tiempo entre las encuestas y la fecha de las elecciones, se fue prefigurando un escenario que ha beneficiado a las posturas opositoras a las políticas de Bruselas (pasando del 12% al 16-25%), lo cual ha  propagó la preocupación de las clases dirigentes hacia el fortalecimiento de los partidos euroescépticos, aun cuando la prensa estaba comprometida en demostrar la inconsistencia numérica e ideológica de estos datos.

El mensaje en la víspera de las elecciones fue votar por los asuntos europeos y por el Parlamento Europeo, sin dejarse involucrar con el malhumor hacia las políticas de los gobiernos nacionales. Es decir, se intentó torpemente descargar sobre los partidos nacionales   las culpas de la crisis y de las políticas adoptadas, denunciando a los mismos implícitamente el papel de “empleados”. Mensaje recibido en gran medida porque los partidos euroescépticos y de oposición se han centrado en los asuntos europeos saliendo del ámbito nacional específico, y han abordando los temas centrales del poder de las finanzas, del centralismo burocrático de Bruselas, de los errores en el proceso de integración que en lugar de fomentar la cooperación en Europa han destruido los cimientos mismos del proyecto.

Los resultados de esta confrontación política son conocidos. Casi la mitad de los ciudadanos europeos no participó en las elecciones para demostrar su desacuerdo con Bruselas. Abstención particularmente fuerte en los países del este de los cuales se había elogiado el entusiasmo europeísta  como demostración de la justeza de las políticas adoptadas por la CE. Votaron en Eslovaquia el 13%, alrededor el 20% en la República Checa y Polonia, y el 30% en Rumania, Bulgaria y Hungría. En los otros países el porcentaje ha fluctuado en promedio alrededor del 50%, pero el dato más importante es que por primera vez los partidos críticos de la élite de Bruselas han alcanzado la posición de liderazgo político en sus respectivos países: Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, etc. no obstante, en este punto se registra una paradoja.

La reacción de Bruselas, y de las “cabezas confundidas” de la izquierda, no tiene como móvil la voluntad popular de crítica a la Troika y a las políticas de austeridad, sino a la posición  que estos partidos  ocupaban en la política nacional antes de las elecciones. Es la posición expresada por algunos de estos partidos en el contexto nacional, de crítica a las políticas sociales y de inmigración de sus proprios gobiernos, lo sometido a evaluación para ver su orientación. El euroescepticismo se transforma de acuerdo a los expertos y a los “empleados” de la CE en xenofobia, nacionalismo y fascismo. Obviamente quedan exceptuados los partidos de izquierda, conservadores y liberales, a pesar de ser los responsables de las guerras y la inmigración en Europa y de la gestión directa no civilizada de estos “flujos”.

El cuadro europeo surgido de las elecciones es claro. Sólo dos países expresan, aunque con fuertes abstenciones, su plena satisfacción con los planes integristas pan-alemanes europeos: Alemania e Italia. En Alemania ganaron los conservadores de Merkel y, en Italia, el lobby de los intereses masónicos y corporativos coaligados en el PD (Partido Democrático). Si el PD hubiera llevado sus votos al ámbito de oposición al proyecto pan-aleman de Europa,  se habría creado la oportunidad histórica para poner en discusión sobre bases sólidas el proyecto europeo de paz y cooperación frente a aquel de la competencia y la guerra sostenido por conservadores y liberales.

Si las “cabezas confundidas” de los variados partidos de izquierda llegados al Parlamento Europeo sabían reconocer las decisiones de la voluntad popular expresada en los diferentes países, obviamente canalizada hacia aquellos partidos que sobre las políticas europeas habían expresado desacuerdo, se podría haber construido un frente opositor a la Troika que hubiera evitado la desgracia de la elección del nuevo presidente de la UE y la consolidación del poder del BCE. Pero esto no sucedió. El PD ha elegido el camino de la “gran coalición” con los liberales y los conservadores, junto con el resto de la socialdemocracia europea. Se realiza así, el pacto Berlín-Roma en el que, como en los años veinte, convergen los intereses de Alemania, sin duda dominante, con la muleta italiana de mussoliniana memoria, ahora personificada por Renzi, esperanzado en obtener alguna pizca de los dividendos de esta traición a los intereses de Europa.

Las élites europeas, bajo el comando de los maestros de las finanzas internacionales  administrados sabiamente por Mario Draghi, están calentando los motores que llevarán al desastre del proyecto europeo y de los países del sur de Europa, entre ellos Italia. Nada ha cambiado en el funcionamiento de la Comisión Europea. El BCE está llevando coherentemente sus planes de expropiación de los ahorros de los europeos completando la operación que se inició en 2008 e introduciendo medidas – la Unión bancaria – que ponen en manos de la peor finanza especulativa al sistema bancario europeo. Parte de esto es el desmantelamiento de todas las formas anómalas -cooperativas y sistemas de producción locales- como los Bancos Populares, etc. Las recientes medidas de ampliación de crédito dispuestas por el BCE no sólo no responden a ninguno de los problemas urgentes que plantean las economías del sur de Europa, sino que descaradamente ponen a disposición del sistema financiero una determinada cantidad (20%) para el reciclaje de los valores especulativos y la financiación de las operaciones de las altas finanzas útiles también para salvar a sus bancos de la quiebra, dejando el 80% restante a cargo de los estados nacionales. Obviamente esto no es para todos, desde luego Grecia queda excluida.

Al igual que en las crisis mundiales anteriores, la reacción y la propuesta para salir de la misma no ocurre en los países fuertes donde esta era esperada (Francia e Italia), sino en los puntos débiles del sistema (Grecia y España). Las élites políticas y empresariales de Francia e Italia están dispuestas a prostituirse para tener los restos de los dividendos de las guerras y de los robos financieros; lo cual, en ninguno de los casos, salva a las clases afectadas del deslice gradual hacia la pobreza y la miseria, pero, quizás permite mantener el consentimiento de algunos de los sectores públicos y del sindicato de la gran industria. ¿Podría Grecia, en soledad, tratar con la arrogancia y el poder abrumador de las finanzas internacionales y de Alemania?

La propuesta del nuevo gobierno griego reproduce una proposición destinada a aliviar -con la  solidaridad europea- el peso de la crisis. Una propuesta ciertamente factible y realista que indica también las herramientas de que dispone la UE para resolver la crisis. Sin embargo, como he señalado en el momento de su presentación en el seminario en la Universidad de Austin en Estados Unidos organizada por James Galbraith, ¿es concebible que la UE y el BCE revisen sus planes de robo en base a consideraciones de sentido común? Un empujón más fuerte quizás podría. Como expusimos en el texto Un Europa possibile: dalla crisi alla cooperazione (Amoroso y Jespersen, Castelvecchi 2012) un frente unido de los países del sur de Europa (Grecia, España, Portugal e Italia) tendría sin dudas una capacidad mayor de presión y negociación para llegar a una “modesta propuesta” capaz, sin embargo, de aliviar la gravedad de la crisis sobre las clases más afectadas y lo peor que está por venir.

Un frente de países que tendría la fuerza de imponer una renegociación de los tratados europeos, eliminar las injustas medidas del pacto fiscal y del Pacto de Estabilidad y retirar a la UE de la espiral de guerras desencadenadas por los Estados Unidos. Una propuesta que podría salvar a Europa del colapso inevitable hacia el que se dirige. Para hacer esto es importante que la izquierda y las otras fuerzas que han expresado su oposición a los planes de la Troika (BCE, BM y FMI) se unan para superar las divisiones partidistas y las etiquetas de izquierda y derecha que hoy sólo sirven para dividir a los pueblos de Europa.

La democracia se recupera dando voz a el pueblo, con el debido respeto a los que aman seguir debatiendo sobre el “malestar” de la democracia.

(Traducción y desarrollo por William Bavone y Maximiliano Barreto)

notas:

1- Barcellona P., Il declino dello Stato, Dedalo Bari 1998, pp. 21-22.

2-Barcellona, Diritto senza società, Dedalo, p. 88.

3-Amoroso. B., Figli di Troika, Castelvecchi, Roma, 2013.