Casi a la vez que las negociaciones de julio y agosto sobre el gobierno en España, se desarrollaba en Italia la crisis de gobierno que originó Salvini y que se solventó con un acuerdo entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas dando lugar a un gobierno de progreso, superando una enemistad permanente entre ambas formaciones. Pero en Italia, la dimensión europea ocupó un lugar decisivo, conectando este proceso con el de la formación de la Comisión Europea en donde Gentiloni, antiguo primer ministro italiano entre el 2016 y 2018, del Partido Democrático, obtuvo el puesto de Comisario de Economía, puesto que la posibilidad de llevar adelante políticas sociales de progreso está muy condicionada por la orientación general que en el semestre europeo se imponga a los presupuestos de cada uno de los Estados nacionales, con especial atención a quienes muestran un fuerte endeudamiento y un mayor déficit que el exigido por la gobernanza económica.

Entre nosotros, ni la propia y decisiva formación de la Comisión Europea tras las elecciones de mayo de 2019, ni la sustitución de Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo, se han considerado materia suficientemente relevante como para integrarla en el razonamiento político que desembocaría sobre las medidas de cambio discutidas, su alcance y límites. El nombramiento de Borrell como Alto Representante de Política Exterior se interpretaba ante todo como un refuerzo de las posiciones unitaristas españolas frente al secesionismo catalán, sin interrogarse sobre lo que ese nombramiento podía significar en la posición atlantista europea subordinada a Estados Unidos.

La sensación que se tiene es que las reformas post- crisis, la degradación del cuadro de derechos laborales, los recortes sociales y en el empleo público, la devaluación salarial y el empleo precario, fueran todas ellas variables que no tienen relación con las orientaciones de la gobernanza europea y que por consiguiente, se deben contemplar exclusivamente desde la perspectiva nacional – estatal. No se ha actualizado un debate sobre las políticas de austeridad y  el equilibrio presupuestario derivado del cambio institucional decisivo que se ha producido en Europa a partir de la crisis del euro, del 2010 y que ha generado el fenómeno de desposesión constitucional en España en especial a partir de la reforma del art. 135 de la Constitución española. No se trata tanto de que no se pueda cuestionar este pasado reciente que ha condicionado directamente la reforma laboral y la del sistema de pensiones, cuanto que ni siquiera se tiene en cuenta esta referencia supranacional como un elemento que puede definir el campo de juego en el que se van a mover las reformas posibles y el margen de maniobra que puede recorrer un gobierno de progreso en España.

En esta misma dirección, no se comprende bien el desinterés que la política española ha manifestado respecto de la sustitución del presidente del Banco Central Europeo. El BCE ha desempeñado, de hecho, el gobierno de la economía europea, una de las más potentes del mundo, emancipado de cualquier interferencia de la democracia pluralista y las indicaciones políticas que de esta podían provenir, y ha dispuesto en la crisis de amplísimas facultades para disciplinar a los estados soberanos. El resultado de estos años – que Antonio Lettieri ha abordado en un artículo en el que resume la actuación de Mario Draghi, el personaje más importante en este decenio en la zona euro https://braveneweurope.com/antonio-lettieri-the-euro-and-the-disputable-legacy-of-mario-draghi - ha sido el de la convergencia forzada de todos los países miembros en el modelo del capitalismo financiero neoliberal que se ha impuesto a nivel global.

El discurso macroeconómico solo se puede reconocer en la política a partir de algunas intervenciones muy aisladas, aunque extremadamente valiosas, entre especialistas. Pero el discurso político no se ha hecho eco de la advertencia explícita de Draghi sobre la posibilidad inminente de una desaceleración económica más “alargada y profunda”, la conveniencia de arbitrar una política fiscal en paralelo a la política monetaria, y la conveniencia de dar al presupuesto del euro una función anticíclica y a otros mecanismos estabilizadores como un seguro de desempleo, es decir introducir en la discusión la importancia de estas cuestiones y la necesidad por tanto de actuar en el plano europeo incidiendo en ellas, puesto que su trascendencia en el diseño macroeconómico del Estado español resulta decisivo, como señaló claramente Jorge Uxo en https://paradojadekaldor.com/2019/07/04/podemos-resucitar-la-politica-fiscal-en-europa/ a comienzos de julio de este año.

Otros acontecimientos muy importantes están siendo conocidos este mes de septiembre, entre el final del verano y el comienzo del otoño. Algunos señalan la conducta extremadamente improcedente de líderes mundiales, como el presidente Trump, que no vacila en utilizar todo el poder del estado norteamericano y su capacidad de influencia para intentar aniquilar a un adversario político. El caso dará mucho que hablar, al haber permitido que se inicie el procedimiento de impeachment, pero de él se desprende no sólo la obscenidad de la actuación del presidente USA, sino la de su homólogo ucraniano, cuya integridad moral y su servilismo político no suele ser ponderado en las valoraciones sobre el caso concreto. Es un ejemplo terrible de cómo actúa el poder político de una de las democracias más respetables del mundo, contra el propio sistema democrático.

Una señal de cómo las señales de amenaza de un nuevo autoritarismo son cada vez más evidentes. Sin olvidar la imagen que suministra el presidente de Ucrania, esa nación en la que la Unión Europea ha confiado como un muro heroico que defiende la democracia en las fronteras de Rusia, que por el contrario demuestra cómo domina e impone la orientación que desea al sistema de justicia en su país, dispuesto a efectuar cualquier maniobra que sirva al propósito conspiratorio de quien le subvenciona generosamente. Un caso del que nuestros partidos políticos tampoco han comentado lo que opinan, pese a que se conoce que una parte de esta trama se ha efectuado en Madrid, en agosto, con el encuentro entre el enviado del presidente ucraniano y el abogado del norteamericano, Rudolph Giuliani.

Pero sin duda el hecho más relevante ha sido la sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido que declara ilegal, nula y sin efecto, la decisión del gobierno de Johnson de cerrar el Parlamento para impedir que éste pudiera desautorizar sus actuaciones respecto del Brexit. La sentencia rescata los principios básicos del parlamentarismo como fundamento del sistema democrático y sólo por ello resulta especialmente valiosa. La reivindicación de la soberanía del Parlamento y su capacidad de legislar y la sumisión del ejecutivo a ésta, junto con la del control parlamentario de la actividad del gobierno como eje y fundamento del sistema democrático, son afirmaciones extremadamente importantes que seguramente deberían ser recordadas entre nosotros. Pero además el caso lleva consigo la nulidad de la orden de la reina provocada por un consejo ilegal, nulo y por tanto sin efecto, de su primer ministro, en la medida en que éste pretendía evitar que el Parlamento cumpliera con su papel constitucional.

Una apreciación que podría ser utilizada también entre nosotros respecto del abrupto final de las conversaciones para la investidura de presidente de gobierno, que acabó mediante una decisión del rey que hurtó al Parlamento la posibilidad de debatir y dar a conocer a toda la ciudadanía los motivos y las razones por las cuales el candidato a presidente de gobierno no había logrado alcanzar las mayorías necesarias que menciona el art. 99 CE. Se impidió así que el Parlamento cumpliera con su doble función de control y de ejercicio soberano del poder, dañando por tanto su posición central en un sistema democrático. El consejo del candidato a la presidencia al rey para que éste decidiera directamente convocar nuevas elecciones sin que se celebrara la sesión parlamentaria de investidura debería ser considerado, como señala la sentencia británica, un atentado directo contra el principio democrático que se expresa en la soberanía parlamentaria.

El debate político entre nosotros debería ser más rico y complejo, abarcar más niveles de análisis para que la ciudadanía se informe de la relativa complicación que lleva aparejada efectuar opciones de gobierno de cambio social. La referencia internacional ayuda a elevar el nivel de la discusión indicando que el marco nacional-estatal tiene enormes concomitancias y subordinaciones en una dimensión multiescalar que lo diversifica. Esta constatación, que en otras esferas, como la sindical, es muy frecuente y se incorpora con naturalidad a los análisis y a las propuestas de acción, debería normalizarse en el espacio del discurso político, más aun cuando se avecinan las nuevas elecciones de noviembre y se recupera en primera plana la controversia ideológica y la confrontación de modelos de sociedad.