Las prestaciones por desempleo han sufrido el impacto negativo de las políticas de austeridad que se han venido imponiendo en nuestro país.

 Se han recortado tanto las prestaciones contributivas, aumentando la cotización a cargo de los parados y reduciendo del 60% al 50% lo que se percibe los últimos dieciocho meses, como los subsidios, introduciendo la posibilidad de su parcialidad, eliminando colectivos y modificando el acceso al subsidio previo a la jubilación. En este caso el recorte ha sido de tal magnitud que el número de altas iniciales se ha reducido en un 60% en dos años y no por falta de parados precisamente.

 El resultado ha sido el esperado: mientras que en el primer trimestre de 2011 con 4.921.172 parados se gastaron 2.629 millones de euros de media mensual, en el primer trimestre de este año, con 1.012.129 personas paradas más el gasto ha sido de 2.287 millones. Es decir, 343 millones menos. El número de personas paradas ha aumentado un 20,6% mientras que el gasto ha disminuido un 13%.

 En la actualidad, de los casi seis millones de personas paradas que arrojaba la última EPA, 5.933.301 exactamente, algo menos de dos millones perciben algún tipo de prestación, 1.929.116 para mayor concreción. Ello supone que el porcentaje de parados protegidos, la tasa de protección, sea del 32,5%.

 Esta tasa ha disminuido desde 2011 en 6,5 puntos. Para hacernos una idea de lo que supone, si en este trimestre se hubiera mantenido la misma tasa, tasa por lo demás ya excesivamente baja, habría 387.548 personas protegidas más.

 El gasto en prestaciones por desempleado ha disminuido un 27,9%: se ha pasado de 534,3 euros a solamente 385,4 euros por persona en situación de desempleo. Ha sido una caída paulatina pues el año pasado en 2013, fueron 431,2 euros.

 Los datos de la EPA del I Trimestre de 2014 son de otra parte harto elocuentes: de los 18,3 millones de hogares existentes, en 1,98 millones tienen a todos sus miembros activos desempleados, 53.100 más que el Trimestre anterior, y en 768.000 no entra ningún ingreso laboral. En ellos viven alrededor de 1,5 millones de personas, de las cuales cerca de 700.000 son desempleados, que deberían convertirse en colectivo prioritario de las políticas activas de empleo.

 Cada día crecen los niveles de pobreza y la pasividad no puede en ningún caso ser la respuesta. Junto a dotar de recursos a la protección por desempleo, desandando los caminos que se han recorrido y que han supuesto un doloroso recorte para miles de desempleados, es tan necesario como urgente reforzar nuestro sistema de protección creando una renta mínima que garantice a quien carece de otros ingresos los recursos imprescindibles.
(El Diario)