Mayo del 2015 es un mes electoral en España. Se eligen los representantes populares en los ayuntamientos y en las Comunidades Autónomas. Con el precedente del 2011, esta cita electoral anticipa las tendencias que deberán realizarse en las elecciones convocadas (todavía) para noviembre de 2015. Es decir que trasciende el ámbito local o autonómico y se contempla como un medidor de la temperatura política de los ciudadanos españoles después de cuatro años de las políticas de austeridad impuestas por el gobierno Rajoy prácticamente en solitario como forma de “salida” de la crisis. Revela en efecto un momento en el que se confrontan alternativas y opciones políticas y sociales que pueden poner en crisis las políticas frente a la crisis y cambiar su dirección. Es por tanto una ocasión para que se produzca un cambio importante en el panorama de estos últimos cuatro años, un tiempo de elecciones en su doble significado.

¿Después de la crisis?

La versión oficial del gobierno del Partido Popular sobre la situación económica, en la que ha basado una gran parte de la legitimidad de su actuación, es la de que la crisis ha pasado y entramos, lentamente, en una etapa de recuperación, como lo atestigua el hecho de que España crece al doble de la media de la Unión Europea. La economía nacional habría entrado en un ciclo de crecimiento para los próximos ejercicios, pues el PIB subirá más de un 3% en 2015 y el país contabilizará 600.000 nuevos empleos. Un “largo período de bienestar” pronosticado por el propio presidente del Gobierno. Son pronósticos avalados en esta parte positiva por el propio Fondo Monetario Internacional, que, junto con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, dan pleno apoyo a la situación española como alumno aventajado de las políticas de austeridad. En el plano de las consignas, se impulsa la de que se abre una época de “reactivación empresarial” después de la crisis.

Sin embargo, la situación macroeconómica ponderada olvida algunos aspectos importantes, consecuencia de lo que Varoufakis denomina “el abrazo mortal de los bancos quebrados y los Estados insolventes”. Como el de que  el montante de deuda de las administraciones públicas acaba de superar el billón de euros a finales de 2014, según el protocolo de déficit excesivo, lo que supone un incremento de 300.000 millones de Euros, y  si atendemos a las Cuentas Financieras de Banco de España, a cierre del tercer trimestre de 2014, dicha cifra supera en realidad los 1,4 billones de euros, lo que supondría un aumento de casi 600.000 millones de euros,  que implica un incremento de la deuda pública como nunca se había producido en la historia española reciente. Una parte de la deuda privada se está compensando mediante el endeudamiento público. Claro que este hecho no se valora porque  está en la naturaleza de las cosas que las políticas de austeridad quieren promover y respetar.

La proclamada bonanza económica no es percibida por la mayoría de la población, porque el elemento más terriblemente preocupante sigue siendo la existencia de un desempleo masivo. La EPA declara que  5.444.000 personas están en paro, que ha repuntado en el primer trimestre del 2015. Es casi un cuarto de la población activa española, una cantidad inmanejable. Eso implica una tasa de paro en el primer trimestre del 2015  del 23,8% de la población activa (frente a la media del 11,2% en la zona euro), que se ha mantenido en esos términos constantes durante todo el 2014, habiendo llegado al 26,9% en el primer trimestre del 2013 – y manteniéndose en torno al 26% durante todo ese año – y plantea  por tanto una situación de  grave crisis de empleo muy problemática. El paro juvenil supera el 51%.  Los estímulos al empleo no provocan la reactivación empresarial que se publicita, y el modesto crecimiento del empleo en el 2014 – que se presenta como un triunfo – no se corresponde con la realidad.

En efecto, en el 2014 se ha creado empleo con tasas de crecimiento muy bajas. A la vez ha disminuido la población inscrita como demandante de empleo, en cuyo decrecimiento tiene una parte importante no sólo el desánimo de los parados de larga duración sin prestaciones, o la “transmigración” de los trabajadores a la condición de autoempleados – “emprendedores” en la terminología de la ley – en una cantidad modesta, de 123.000 personas, sino la inmigración de trabajo joven y cualificado que se calcula en ese mismo año en una cifra que oscila entre 400.000 y 700.000 personas. Esta pérdida de personas inscritas como desempleadas explica una parte de la disminución de los dos puntos de la tasa de desempleo. Por lo demás, en gran medida el empleo creado es temporal y de bajos salarios. A pesar de la creación de cerca de medio millón de empleos durante el último año, en 2014 la renta de los hogares apenas ha crecido un 2%; mientras que la recaudación de la Seguridad Social, con cerca de 400.000 afiliados más se ha incrementado en el mismo periodo tan solo en un 1%.

Algunos datos amplían estas apreciaciones. La mayoría de los nuevos contratos son temporales, y se ha producido un importante efecto de sustitución de empleo estable por temporal. Además, la duración de los contratos temporales es cada vez menor (mientras que en 2008 era de 78 días de media, en la actualidad es de 54 días). En el 2014 se han registrado 40.000 contratos de un día de duración. Promovidos por la normativa que prolonga la reforma laboral en el 2013, la proporción de trabajadores a tiempo parcial sobre el total ha aumentado en casi 3 puntos porcentuales en sólo 3 años. En este tiempo han desaparecido 645.400 ocupados a tiempo completo y han aparecido 335.200 ocupados a tiempo parcial. Es importante destacar que el 62% de todos ellos desearía trabajar a tiempo completo. La remuneración de los nuevos empleos es notablemente reducida: la mitad de los nuevos contratos producidos entre 2007 y 2013 tienen un salario por debajo de los 978 euros. La brecha salarial general se profundiza, en el 2014 suben los sueldos de los directivos un 12 % - 17% el de los Consejeros – mientas que el salario de los empleados baja un 0,64%. La diferencia salarial hombre / mujer se agranda. Desde el inicio de la crisis ha subido tres puntos, ahora las mujeres ganan por término medio un 19,3 % menos que los hombres.

El “milagro español” consiste por tanto en un desempleo masivo permanente que se acompaña de una modesta creación de empleo a un ritmo muy lento, de baja calidad y de inicuas condiciones laborales. Se trata de contratos temporales, a tiempo parcial, con salarios reducidos, con alta inseguridad laboral, con niveles de explotación destacables, y en actividades de bajo valor añadido, que explican que el porcentaje de trabajadores pobres no deje de aumentar y haya alcanzado la cota del 12,3% (más de dos millones de personas),  creando una bolsa de exclusión social que tiende a convertirse en permanentemente “inempleable”. Y todo ello sin olvidar que los que no tienen empleo también empeoran: el porcentaje de parados que reciben prestaciones por desempleo ha caído al 55,72%, un 7,7% menos que el año anterior. El Estado gasta ahora un 17,8% menos que hace un año en estas actuaciones.

¿Se puede hablar entonces de que hemos salido de la crisis?

Conflictos sociales y resistencia ciudadana

La movilización sindical y ciudadana contra las primeras etapas de la reforma laboral y de la política de recortes tuvo su punto álgido a lo largo de todo el año 2012 y la mitad del 2013. Pero ha seguido manteniéndose a partir de ahí, durante el final de 2013 y todo 2014, en un proceso sostenido coherente con el rechazo radical a las políticas de austeridad y a las reformas estructurales impuestas con especial virulencia con la reforma laboral del 2012, luego perfiladas y desarrolladas parcialmente en los dos años sucesivos. Esta evolución se aprecia en el incremento de los conflictos de empresa – frente al uso de la huelga general en el 2012 – que sin embargo han logrado una enorme trascendencia general por tratarse de ejemplos concretos de destrucción de empleo amparados por una normativa propicia y que la opinión pública considera injusta.

Así, huelgas clásicas y de larga duración en empresas de alimentación como Panrico,  conflictos en transportes urbanos,  huelgas en las contratas de limpieza del Ayuntamiento de Madrid y de otros municipios de la región por el mantenimiento del empleo, las realizadas en los medios de radiotelevisión públicos regionales – Canal 9 de Valencia, TeleMadrid, Castilla La Mancha –, las luchas prolongadas frente a la ingeniería empresarial de compañías transnacionales como Coca Cola y los despidos selectivos de una buena parte de su plantilla mediante la reorganización de la distribución del producto, la huelga frente a la disparidad salarial y de las condiciones de trabajo en las contratas de Telefónica, o las que rebaten las condiciones laborales en el servicio de Correos, o, en fin, los continuos conflictos en el sector de la enseñanza, donde se convocó una huelga general en el 2013 y una nueva acción sólo para la Universidad ya en el 2015, como conflictos que han gozado de mayor visibilidad mediática. Son todos ellos ejemplos de la persistencia del conflicto derivado directamente de una política de devaluación salarial y de recortes de los servicios públicos. El incremento estadístico del número de huelgas en el 2014 ha sido muy relevante, y la tendencia se mantiene en el 2015.

El otro flanco de la resistencia ciudadana es el de ocupar el espacio público – la calle, la vía pública – como forma de expresar el repudio a las decisiones del poder público especialmente las referidas a sectores clave como la educación o la sanidad, pero también como forma de repeler con carácter general la orientación del gobierno en relación con la política social. Las movilizaciones tienden a unificar en su interior a un conjunto de fuerzas – sindicatos, movimientos sociales – utilizando expresiones que significan una acción  constante y repetitiva de erosión geológica y de regulación del ciclo vital, las mareas, que periódicamente inundan las calles de las grandes ciudades, en especial la marea verde por una educación pública para todas y para todos, y la marea blanca por la defensa de una sanidad pública. Otras convocatorias, como las marchas por la dignidad, ponen el énfasis en el desempleo y en la pobreza, y reivindican el abandono de las políticas europeas “del gobierno de la Troika”. Todas estas iniciativas han conseguido reagrupar a decenas de miles de personas.

La estrategia de ocupación de la calle como demostración de disenso se ha profundizado durante el 2014, aunque en lo que va de año, la entrada en un período electoral hace que la impronta política se haya afirmado de manera significativa. El 31 de enero del 2015, una inmensa manifestación convocada por Podemos se desplegó por las calles de Madrid. Pero también permanece la convocatoria estrictamente sindical. En febrero del 2015 protestando contra la incriminación penal de los piquetes de huelga y las normas de “seguridad ciudadana” y el Código Penal, el primero de mayo bajo el lema “así no salimos de la crisis”.

Esta forma de hacer visible la resistencia no sólo pasa por la presencia de grandes contingentes de personas en una manifestación. Ha habido una amplia experiencia de acciones de presión y de conflicto – los escraches, las oposiciones a los desahucios – como apoyo a la reivindicación general del derecho a la vivienda mantenida por la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), pero también se ha logrado la visibilidad de conflictos derivados de la política de recortes en sanidad mediante encierros en los hospitales, como en el caso de los afectados por la hepatitis C.

Muchas de estas movilizaciones han encontrado su prolongación “natural” en la acción colectiva ante los tribunales de justicia. Especialmente en materia laboral, donde el recurso a la garantía jurisdiccional de los derechos ha supuesto un elemento decisivo a la hora de lograr soluciones a muchos de los conflictos enconados ante la reticencia de los empresarios a llegar a acuerdos, convencidos de obtener mejores posiciones mediante la estricta aplicación de las normas legales. En una etapa de constante destrucción de empleo, el campo de los despidos colectivos ha sido un espacio de confrontación jurídica muy interesante, en donde por cierto las muy numerosas sentencias de los jueces de lo social – de los tribunales superiores y del propio Tribunal Supremo – han encauzado y contrariado gran parte de las conductas empresariales más incisivas, re-escribiendo en buena medida los preceptos legales de la reforma laboral.

La utilización de la figura de la nulidad del despido colectivo ha sido determinante en esta corrección de pautas de conducta. Algún conflicto especialmente importante, como el de Coca Cola, ha recibido una sentencia del Tribunal Supremo realmente emblemática en la censura de la actuación de la empresa transnacional que vulneró el derecho de huelga de los trabajadores ejercido como respuesta a los despidos colectivos. Esta misma reorientación por obra de la jurisprudencia se ha ido produciendo en otros territorios “sensibles”, señaladamente en materia de convenios colectivos, mediante la corrección de la fórmula legal que limitaba la ultra-actividad del convenio, la vigencia de los contenidos del mismo una vez concluido su plazo de vigencia.

Sin embargo el activismo social prolongado mediante la acción judicial en materia de relaciones laborales ha sido contrarrestado de manera muy llamativa por las decisiones del Tribunal Constitucional  español que han considerado plenamente legítimas y no lesivas de derechos fundamentales las reformas laborales promulgadas en el 2012 así como tampoco la congelación y no revalorización de las pensiones, contrariamente a lo que en este último punto han establecido los tribunales constitucionales portugués e italiano. La apropiación partidaria por el PP de este órgano de control ha permitido la aprobación entusiasta de las decisiones de gobierno por el mismo.

La utilización productiva de los tribunales como prolongación, apoyo y resolución del conflicto no sólo se ha producido en materia laboral. Ha habido fallos muy importantes de los tribunales contencioso-administrativos que han impedido la privatización de los hospitales madrileños, y se ha avanzado asimismo en la limitación del desahucio y la esclavitud de la hipoteca. Más ambivalente se ha mostrado sin embargo la jurisdicción penal, que de un lado mantiene procesados a más de 300 sindicalistas por participar en piquetes de huelga – lo que ha generado una queja a la OIT por parte de CCOO y UGT – y de otro, ha reforzado una visión autoritaria de los derechos de reunión y de manifestación a través de una sentencia del Tribunal Supremo condenatoria de una de las expresiones típicas de la acción colectiva del 15-M.

En cualquier caso, la continuidad de las movilizaciones y la estabilidad de la resistencia en el plano social es una característica peculiar de la situación española. Está calificada en efecto por el activismo y la incorporación masiva de personas al rechazo de las políticas sociales y laborales puestas en práctica por el gobierno sobre la base de la “austeridad”  en un grado de permanencia e intensidad que no se encuentra en otros países de su entorno.

Corrupción y escándalos

Los tres últimos años se han visto salpicados de grandes escándalos de corrupción política que han afectado fundamentalmente al Partido Popular. Aunque para los grandes medios de comunicación y los comentaristas al uso se trata de hechos excepcionales, lo cierto es que bajo el franquismo la corrupción  funcionaba como elemento caracterizante de la actividad de los grandes grupos económicos cuya relación con el poder político estaba dirigida a la obtención de posiciones de ventaja en el mercado. Es decir que, en la dictadura, el espacio de la política era un espacio cerrado, hermético a la participación popular, concebido como terreno de asignación de posiciones de ventaja de todo tipo, económicas, sociales y laborales, también a través de la represión de la resistencia obrera. La corrupción era una consecuencia natural de la opacidad del sistema político, que se negaba a cualquier instancia participativa democrática. Esta visión se difuminó y quedó como en letargo en los primeros años de la transición, ante el auge de una cierta conflictividad más difusa y el enfrentamiento complejo de los actores sociales y políticos en ese primer período. Pero a partir de 1986, con el ingreso en la OTAN y la consolidación de la “modernización” española de aquellos años, se despierta de su breve sueño de piedra y comienza a andar cada vez más adelante y con mayor determinación, a partir de los tiempos de la modernización capitalista y del “pelotazo”. Se ponen en práctica políticas públicas que favorecen esta apropiación de la política por los intereses privados individuales o grupales, y el propio modelo de crecimiento económico basado en la especulación inmobiliaria, incentiva y extiende estos fenómenos.

El mismo contexto de degradación del espacio público – democrático que  ha causado la erosión de los derechos sociales primero e, inmediatamente, de los propios derechos democráticos de participación ciudadana, es el que ha propiciado la extensión de la corrupción como práctica normalizada en la crisis. Tanto la percepción de la política como ámbito “natural” de concreción de interés privado de quienes se dedican a ella, definidos ahora como “profesionales de la política” o “clase política” – la casta en la denominación de Podemos en España o del M5S en Italia  -, como la definición de éste ámbito como un peculiar espacio de mercado para la obtención de un lucro personal, auto administrado por grandes grupos de interés económico, permiten la normalización de estas conductas. Se produce la asimilación del espacio de la política a un peculiar espacio de mercado – aunque de acceso restringido – en el que se busca la obtención de un lucro personal – individual o de grupo - en el contexto de un suministro de servicios a la comunidad como ejercicio de funciones públicas.

Lo más relevante de estos fenómenos es la utilización en clave ideológica del momento de la “denuncia” informativa de los muckrackers, lo que produce la resignificación mediática de la política como hábitat natural de la corrupción, con independencia de la pertenencia de los implicados a uno u a otro partido. Al contrario, los medios de comunicación procurarán extender transversalmente las imputaciones de corrupción, porque éstas poseen un fuerte poder deslegitimador. Así se ha producido con escándalos como el uso de las tarjetas black en la caja de ahorros de Madrid, con más de ochenta implicados del PP, del PSOE y de IU, pero también de CCOO y UGT. Las acusaciones de irregularidades o de ocultación fiscal sirven de forma interesada para socavar la imagen pública de partidos emergentes y alternativos, como ha sucedido con Podemos,  y se puede detectar  la utilización de este discurso en clave antisindical, asimilando a estos fenómenos las subvenciones obtenidas para la formación ocupacional, o las indemnizaciones de grandes expedientes de regulación de empleo, o en fin, la concentración de crédito horario  y de compensaciones dinerarias en lo que la prensa llama “liberados” sindicales.

Pero por mucho que se acentúe la relevancia del momento informativo sobre la corrupción, que es un momento privado, gestionado desde los parámetros ideológicos de las empresas editoras de los medios de comunicación de que se trate, lo cierto es que la proliferación de actos improcedentes muchas veces amparados institucionalmente – la amnistía fiscal, la remodelación del sistema financiero, el blanqueo de dinero, las maniobras ilegales para la financiación del PP con una contabilidad paralela para el dinero “en negro” – se concentran en su mayoría en personas del Partido Popular, alguna de ellas de tanta relevancia como Rodrigo Rato, ex presidente del FMI, presidente de Bankia y diseñador del milagro económico español de 1996 – 2002 con el gobierno de Aznar.

Ello produce un fuerte cuestionamiento de la representación política y de los instrumentos técnicos que la concretan, en especial sobre el procedimiento electoral, pero asimismo una crisis profunda de la institucionalidad democrática que escenifica la Constitución de 1978. La monarquía y la “casta” de los políticos, aparecen muy dañados por la corrupción, que constituye el segundo motivo de preocupación de los españoles en las últimas encuestas, sólo por detrás del desempleo. Lo que tiene desde luego consecuencias en el campo de las elecciones políticas de este año.

El tablero de la política

Tras el triunfo electoral del Partido Popular en el 2011, la manera de gobernar se ciñe de forma estricta a un principio de unilateralismo político, que implica la exclusión de cualquier otra aportación que no se adhiera a la determinada previamente por la autoridad de gobierno. En este diseño, el bipartidismo no tiene la importancia constitutiva que sin embargo había ido adquiriendo en nuestra práctica política como forma de administrar un consenso mayoritario sobre los grandes “temas de estado” – entre ellos la protección social, o en menor medida, las políticas de empleo, o, inmediatamente antes del triunfo del PP, el equilibrio presupuestario y la reforma de la Constitución – sino que se configura de manera instrumental y subordinado en todo caso a la convergencia con la decisión de gobierno predefinida. Se puede por tanto concluir que la forma de gobernar en España en estos cuatro años se ha caracterizado típicamente como un cesarismo político-financiero.

Es una forma de gobernar que ha tenido un evidente deterioro. Ya  se comprobó  con los resultados de las elecciones europeas de mayo del 2014, que revelaron el desgaste y la pérdida de legitimidad de los dos grandes partidos, no sólo el gobernante, y la emergencia de una fuerza nueva que habría de llamar inmediatamente la atención sobre su proyección futura: Podemos. La posterior abdicación del monarca y las vicisitudes que siguieron a  la materialización jurídica de este hecho, decidido en solitario por los dirigentes del partido de gobierno y el de la oposición, excluyendo por tanto al resto de fuerzas políticas a la vez que cualquier participación popular de refrendo al respecto, resulta posiblemente el último gran acuerdo político del bipartidismo en la época del declive de la gobernanza de las políticas llamadas de la austeridad.

El caso es que el año 2015 encadena convocatorias electorales que marcan, cada una con su peculiaridad característica, las perspectivas de futuro que se pueden diseñar en este país. Las primeras, en marzo, han sido las elecciones andaluzas. A ellas les siguen, en mayo, las elecciones municipales y autonómicas. En septiembre están convocadas las elecciones catalanas y, finalmente, para noviembre, el año electoral se cierra con las elecciones generales. Aunque es posible que se modifiquen las fechas a partir de los resultados de las municipales – adelantando las generales, lo que debería tener consecuencias sobre las elecciones catalanas – el calendario es lo suficientemente apretado como para considerarlo muy significativo.

El resultado de las elecciones andaluzas ya se conoce y ha sido muy comentado. Lo que sin embargo debe ser resaltado es  la progresión de las distintas sensibilidades del arco político que incluye desde la izquierda oficial institucional, la izquierda alternativa y la nueva izquierda emergente. Respecto de las elecciones del 2012 en aquella comunidad autónoma, la cantidad de votos que PSOE, IU-CA y Podemos han cosechado suponen un 57,19%, frente al 50,91% que se recogieron como suma de los sufragios de IU y PSOE en aquellas elecciones. Es decir que la posición política de los votantes andaluces se escora hacia la izquierda, y el rechazo más firme a las políticas de austeridad se fortalece, sumando el 21.73 de los votos. Esta profundización electoral de las perspectivas de resistencia a las reformas estructurales y a los recortes sociales es muy significativo de cara a los próximos procesos electorales.

¿Cómo ha afectado este primer resultado a los sujetos políticos que se preparan para su validación electoral y qué relevancia puede tener esto en un cambio real de políticas en el contexto de la crisis europea y muy en particular en relación con la posición del gobierno griego respecto de la deuda y de los compromisos internos sobre el desmantelamiento de los derechos sociales en aquel país?

El Partido Popular se encuentra en camino de su desmoronamiento. El desgaste social y los fenómenos de corrupción le han desgastado de manera muy importante. Sigue teniendo resortes institucionales muy fuertes, y el campo de las elecciones municipales le favorece ante su capacidad de presentar candidaturas en la práctica mayoría de los municipios del país. Su objetivo es el de conseguir ser la lista más votada en gran número de éstos como forma de apuntalar en la opinión pública que sigue siendo el partido representativo de la derecha económica y política a nivel del Estado español. Esa posición está amenazada por la emergencia de una nueva fuerza – Ciudadanos – que aspira a ser una fórmula de recambio al desgaste del PP. Pero es muy probable que en las grandes ciudades – Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla – el PP sea expulsado del gobierno de las mismas, ante el impulso de nuevas agrupaciones de electores que disputen el espacio político con un amplio respaldo popular y que en su caso hagan posible gobiernos de coalición con compromisos seguros de democratización de la gestión de la ciudad con participación democrática de la ciudadanía.

Ese proceso es también posible en comunidades autónomas estratégicas como Madrid o Pais Valenciano. El hundimiento del PP en Andalucía y su aislamiento en Cataluña, no permiten abrigar buenos resultados para la fuerza política que ha personificado la aplicación estricta de las políticas socialmente devastadoras de la “austeridad” como forma de recomposición de la financiarización de la economía y la sumisión a la misma de la política democrática. Es por tanto una mala noticia para el conglomerado financiero y político que dirige la Unión Europea y que cada vez más fía la pervivencia de sus políticas en consideraciones no democráticas.

Ciudadanos es una alternativa al desplazamiento del PP de las instancias de gobierno. Cuando el presidente del BBVA afirmó, tras las elecciones europeas y el ascenso posterior de Podemos en las encuestas, que “necesitamos un Podemos de derechas”, estaba expresando la conveniencia de propiciar una fórmula de recambio en lo político que permitiera mantener las constantes de la política económica tal como ha sido diseñada por las instituciones financieras internacionales. Mimado por la prensa y las encuestas de opinión, C’s – como se conoce por sus siglas – ofrece ante todo caras nuevas que afirman sintonizar con la cultura de las clases medias urbanas, de manera que aunque su programa económico es claramente neoliberal, éste se presenta sin embargo como el adecuado a las nuevas realidades del siglo,  y en otros ámbitos plantea iniciativas que se separan del conservadurismo post-franquista del PP, laicismo, legalización de las drogas blandas, regularización de la prostitución. Sin apenas organización, ha obtenido en las elecciones andaluzas una presencia parlamentaria muy importante y un porcentaje de votos nada desdeñable (el 9,28% y 9 escaños) para un partido que carecía de implantación en la región y era plenamente desconocido. En todos los medios de comunicación se muestra como la gran fuerza emergente, en detrimento de Podemos, y se le pronostica una arrolladora presencia.

El PSOE es un gran damnificado de la gestión de la crisis. La derrota electoral del 2011 no ha sido recuperada posteriormente, y hasta el 2014 ha ido disminuyendo su influencia en términos de opinión pública. La remoción del viejo equipo dirigente a través de la elección de un joven secretario general y la victoria en Andalucía hace concebir esperanzas al nuevo grupo dirigente de estabilizarse en un score en torno al 25 %, lo que se consideraría todo un éxito, y lograr en estas elecciones presidir – en coalición de gobierno o con apoyos parlamentarios – dos o tres comunidades autónomas de relieve, como Madrid, País Valenciano, Castilla – La Mancha. Ha tenido que asumir planteamientos críticos respecto de las decisiones que adoptó en el gobierno – la reforma laboral, la inclusión del principio de equilibrio presupuestario en la Constitución – pero el problema de fondo sigue siendo su ambigüedad ante las políticas de austeridad y su prácticamente nula influencia sobre la socialdemocracia europea como portador de un proyecto propio, a diferencia de lo que en Portugal puede significar el nuevo equipo dirigente del PSP en torno a Antonio Costa, el antiguo alcalde de Lisboa.

La gran esperanza articulada en torno a Podemos, que llegó a tener una intención de voto del 27% en las encuestas, ha rebajado sus expectativas después de los resultados de las elecciones andaluzas y la concurrencia con Ciudadanos como expresión de una fuerza nueva en el campo de bipartidismo. Atacado y hostigado por la mayoría de los medios de comunicación – salvo los digitales – ha sufrido también los efectos de la erosión de la imagen sobre alguno de sus dirigentes más visibles, en un tema muy sensible de financiación ilegal desde Venezuela, que si bien no ha conducido a ningún ilícito penal, si ha logrado su objetivo de deterioro de la imagen del grupo como “no contaminado” por el ambiente patógeno de la “política de la casta”.

En las elecciones municipales, Podemos ha propiciado agrupaciones  y coaliciones de unidad entre fuerzas políticas y movimientos sociales, mientras que se presenta en solitario a las elecciones autonómicas, sin duda para calibrar cuál es su radio de influencia e implantación electoral frente a las próximas elecciones generales. Su programa se va desarrollando paulatinamente, y aunque ha moderado algunas de sus propuestas, buscando ocupar “el centro del tablero”, sigue siendo un referente importante para un cambio real de la política en este país al mantener posiciones muy netas sobre la negociación de la deuda externa y el rechazo de las políticas de austeridad.

Para los expertos en encuestas de opinión, el tradicional bipartidismo imperfecto que caracterizaba el panorama español se está modificando de forma importante, partiéndose en cuatro grandes fuerzas que las encuestas consideran casi de idéntica potencia, lo que, unido a la presencia de los partidos nacionalistas principalmente en Pais Vasco y Cataluña, complica el gobierno que pudiera surgir tras las elecciones generales de noviembre, y posiblemente también la gobernanza general en términos económicos y sociales.

En esta presentación de los protagonistas del tablero político, casi nadie se preocupa del lugar que ocupan las viejas banderas de la izquierda política clásica, agrupada en torno a Izquierda Unida a nivel nacional, y que se ha visto muy afectada por la presencia invasiva de Podemos – se calcula que el 40 % de los votantes de IU se deciden actualmente por Podemos – a las que las encuestas asignan un porcentaje residual, superando a duras penas el tope del 5%. Aunque muy bien insertados en los cuadros sindicales y con toda una generación nueva de dirigentes que ofrecen un “rostro” diferente de la coalición, IU parece haber sufrido una vez más el efecto del voto útil – en este caso felizmente en torno a la izquierda alternativa y no respecto de la socialdemocrática – junto con el hándicap de ser percibida por las nuevas generaciones del 15-M como una parte del viejo sistema político que debe ser removido. Las últimas encuestas sin embargo demuestran un ligero crecimiento de IU, a medida que ésta desarrolla y privilegia su discurso  que considera el trabajo  con derechos como centro de la acción política, aunque esa impresión deberá ser revalidada el 24 de mayo.

Una situación complicada, pero que abre muchas posibilidades de revertir el clima de degradación de los derechos y libertades de los ciudadanos y el desmoronamiento del Estado social. El fracaso de las políticas de austeridad es un dato compartido por la mayoría de la población, aunque este rechazo necesita su traducción en términos electorales, con las dificultades y complejidades que esta mediación posee. Los poderes económicos y las instituciones financieras no solo están intentando reconstruir un bloque político que garantice, aun con equilibrios internos difíciles de mantener, el apoyo a las políticas de austeridad, sino que están decididos a obstaculizar las acciones de participación democrática y de cambio social que van a ser vencedoras en las elecciones locales y regionales de finales de mayo.

Pero va a ser prácticamente imposible que logren paralizar el giro que se va a producir en estas citas electorales hacia una nueva consideración de la democracia participativa como el eje explicativo de la acción política y la consiguiente reformulación en las múltiples escalas implicadas – local, regional, estatal y europea – de un programa de actuación que cuestiona y confronta las políticas que han sido aplicadas hasta ahora. Un nuevo problema, más difícil de gestionar que el del triunfo de Syriza en Grecia, para el complejo financiero y político que gobierna la Unión Europea.