Por la recuperación de la demanda, y consecuentemente del empleo, es imprescindible un esfuerzo público de reactivación, como el Plan Marshall propuesto por la DGB.
I.- ¿Es aceptable el diagnóstico de “The Economist”, que viene a resumir lo que el propio Gobierno viene diciendo de su actuación, es decir que aunque nada funcione en el terreno de las indicaciones centrales económicas, no hay otra política posible para salir de la crisis que la realizada por el gobierno de España?
Las medidas de política económica impuestas por el Partido Popular para reducir las necesidades de financiación exterior de España se basan en dos ejes 1) recortes de servicios públicos básicos supuestamente para reducir el déficit fiscal, la necesidad de financiación del sector público, y 2) recortes de derechos laborales supuestamente para recuperar productividad de la economía española, para ganar cuota exportadora y reducir la necesidad de financiación del sector privado. Asimismo el gobierno ha procedido a un tercer eje 3) Reestructuración del sistema financiero con el objetivo de que fluya el crédito al sistema productivo, ya que la solvencia de varias entidades fue afectada gravemente por sus comportamientos de riesgo en la financiación de la burbuja inmobiliaria. Pero los resultados han sido muy diferentes a los esperados: se ha incrementado el paro, hasta alcanzar la cifra de 6 millones de parados, y se ha desplomado la demanda nacional como resultado de las políticas de ajuste, acentuando la recesión, se prevé que en 2012 la caída del PIB sea del 1,5% y la reestructuración bancaria no está teniendo los efectos deseados, lo que nos lleva a un escenario de lenta salida de la crisis.
1) En relación con los recortes de servicios públicos hay dos cuestiones previas.
En primer lugar los plazos de reducción de déficit público. Dichos plazos para Portugal y España han sido cuestionados por el propio Jean-Claude Juncker, presidente del Euro-grupo, al considerar que se han subestimado los negativos efectos en términos de desempleo. Análisis similar al que ha hecho el FMI sobre los fuertes efectos negativos de las políticas de ajuste fiscal, corrigiendo sus propias recomendaciones iniciales. Aunque este tema, al ser de ámbito europeo lo desarrollare más en la segunda pregunta.
En segundo lugar hay que tener en cuenta que el objetivo del reducción del déficit público puede lograrse también incrementando los impuestos. La mayor parte de los países de la OCDE (20 de 27) han incrementado su presión fiscal en los últimos años. Según la OCDE los países que mejor están afrontando la crisis son precisamente los que más presión fiscal tienen: Dinamarca (48,1%), Francia (44,2%), Bélgica (44%), Finlandia (43,4%), Noruega (43,2%) y Alemania donde llega al (37,1%).
En esté sentido hay que tener en cuenta que el fuerte incremento del déficit público en nuestro país obedece razones coyunturales y estructurales. La caída de casi 6 puntos en la recaudación, en porcentaje del PIB, desde 2007 a 2011 es debido a la crisis inmobiliaria y a la posterior recesión del consumo. Pero también hay razones estructurales. En los últimos quince años hemos asistido a una fuerte desfiscalización de las rentas de capital que ha mermado la capacidad recaudatoria del estado.
Un sistema fiscal sostenible tiene que tener una fuerte base recaudatoria estructural en base de las rentas altas y del patrimonio, ya que eso evita una caída excesiva de recaudación en un ciclo contractivo. Además, por parte de los sucesivos gobiernos ha habido una tolerancia inaudita con el fraude fiscal. Ambos elementos, permisividad con el fraude fiscal y desfiscalización de las rentas del capital, patrimonio y rentas altas hacen que en la práctica el sistema fiscal español sea uno de los más regresivos de Europa. Esta regresividad se ha acentuado con las últimas subidas del IVA, las amnistías fiscales aprobadas por PSOE y PP y la desaparición del impuesto de patrimonio.
Es la falta de voluntad política del actual gobierno es lo que impide aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que acerquen el peso de los ingresos públicos sobre PIB, y los niveles de fraude fiscal, a la media comunitaria. El tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades (sobre el resultado contable) se situaba, según la Agencia Tributaria, en el 10,5% en el periodo 2008-2011 y, en el caso de los grandes grupos empresariales, apenas alcanzó un raquítico 5% en 2010. El expolio fiscal que se está haciendo a la ciudadanía, al facilitar que los grandes grupos empresariales españoles reduzcan su mínima aportación al esfuerzo fiscal, es una clara opción política.
Asimismo los recortes en las políticas de gasto público se han centrado en políticas básicas para lograr la igualdad de oportunidades (educación y sanidad) y en aquellas que son imprescindibles para mejorar la capacidad competitiva futura de la economía española en producciones de valor añadido medio-alto (I+D+i). En 2013 el presupuesto inicial de ingresos no financieros del Estado experimentó un incremento nominal del 2,6% respecto al avance de liquidación de 2012, mientras las Participaciones de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos Especiales sufren un retroceso del 24,1%. El que el ajuste de ingresos sea soportado principalmente por las Comunidades Autónomas, donde se realizan las principales políticas de gasto social (educación, sanidad, dependencia), en vez de afrontar recortes en servicios más burocratizados de la Administración Central, o en le gasto militar, es fruto de una decisión consciente de minimizar los servicios públicos y ofrecer nuevos negocios a la iniciativa privada.
2) Los recortes de los derechos laborales para generar una reducción salarial que impulse la productividad es una opción errónea. Las mejoras estructurales de la productividad del trabajo lo obtienen las empresas invirtiendo en capital productivo (bienes de equipo, etc. ) e innovando tecnológicamente (Una empresa de mensajería no aumenta sustancialmente su productividad haciendo que sus trabajadores corran más para entregar los paquetes, sino dotándoles de una moto).
En 2010 apenas un 4,5% del total de exportaciones españolas se destinaron a los países asiáticos emergentes (China, incluido Hong-Kong, Rusia, Singapur, Corea del Sur, Malaysia, Tailandia y Taiwán). Mientras que Alemania destinó a esos países el 12,8% de sus exportaciones, lo que está detrás de la mejora de su competitividad. Indudablemente competir en el mercado asiático no se hace a través de productos de escaso contenido tecnológico y salarios bajos, para eso ya están China, Vietnam, etc., sino mediante la oferta de productos de alta innovación, y consecuentemente alta cualificación y salarios de sus trabajadores. Justo lo contrario hacía lo que apuesta la reforma laboral impulsada por el gobierno.
3) La reestructuración del sistema financiero puesta en marcha por el gobierno supondrá en la práctica una reducción de la competencia, es decir intensificar la situación de oligopolio de los grandes bancos en el mercado nacional, lo que conllevará un encarecimiento del crédito para particulares y pymes, los sectores con mayores dificultades de acceso a los mercados internacionales de capital.
Hay alternativas económicas a las políticas del PP. Pasan por reconstruir la capacidad del Estado de generar riqueza, en vez de dedicarse a distribuir miseria. A través de una política industrial activa (como están haciendo Brasil, Corea del Sur, Taiwan, China, Alemania y Francia), que se haga en estrecha colaboración con las empresas con el objetivo de incrementar la capacidad exportadora en productos de valor añadido medio-alto, en los sectores estratégicos (automoción, aeroespacial, biotecnología, agroalimentación, TIC y contenidos digitales, energías renovables y eficiencia energética, industria de protección medioambiental). Las políticas alternativas también pasan por:
- Avanzar en regulaciones para que propia generación de riqueza sea más igualitaria, los esfuerzos de elaboración de políticas económicas alternativas del Partido Laborista británico van en ese sentido.
- Poner en marcha una política monetaria que sea mucho más exigente con la banca privada en el control de la creación de dinero, es decir de crédito, imponiendo mayores reservas bancarias.
- Dotar al Estado de instrumentos de generación de ingresos no fiscales, incluidas empresas públicas en sectores con altas barreras a la competencia que generan mercados con monopolios u oligopolios naturales, como el sector bancario (el ejemplo del estadounidense banco público de Dakota del Norte es paradigmático), energético, transporte colectivo, etc.
- En los temas energéticos impulsar una transición hacía una economía baja en carbono significa también reducir la altísima, cerca de un 90%, dependencia energética de nuestro país (derivada en gran medida por las necesidades de un sistema de transporte basado casi en exclusividad en el consumo de productos petrolíferos y derivados), permitiría reducir el déficit comercial. Si el volumen de importaciones energéticas de nuestro país fuera similar a la media europea, un 13,2% del total, supondría una minoración de las importaciones de casi dos puntos del PIB, lo que reduciría el déficit por cuenta corriente al 2% del PIB, el porcentaje estimado por el FMI para que no se incremente nuestra deuda exterior. Es absurdo que los empresarios españoles se quejen de competencia desleal de Alemania, al destinar 500 millones € a medidas que compensen la perdida de competitividad de las empresas alemanas por las restricciones impuestas a las emisiones de CO2 (España sólo ha destinado un millón), mientras no cuestionan que el Estado español haya dedicado 400 millones para financiar a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje, que están en quiebra. Son dos opciones muy diferentes de incentivo a la actividad económica.
- Un sistema de relaciones laborales que haga compatible la mejora de la competitividad empresarial con la mejora de condiciones de trabajo y de la participación de los trabajadores en la gestión empresarial, tal como están haciendo Alemania y Francia.
II.- Si, como se dice y alega continuamente, la política de “austeridad” se impone en España porque es la que impone el eje Berlin – Bruselas – Frankfurt, ¿por qué no se pone en discusión la política europea? ¿Es que quizá no hay alternativa a la política de austeridad?
La austeridad fiscal como mecanismo para que una economía se recupere ha resultado falso. Los ejemplos dispares de EEUU y el Reino Unido lo ponen en evidencia. La política fiscal y monetaria expansiva de Obama ha generado un crecimiento del PIB del 3% en 2010, del 1,8% en 2011 y en el tercer trimestre de 2012 del 2,7%, mientras que las políticas de recorte del gasto público establecidas por Cameron tras su victoria en mayo de 2010 supusieron el parón de la recuperación iniciada en 2010, su PIB apenas creció un 1,8% ese año y un 0,8% en 2011 y tan solo un 1% en el tercer trimestre de 2012, a pesar del efecto positivo en el consumo de los Juegos Olimpicos de Londres.
En el marco de la UE la política de austeridad está basada en un supuesto falso: que los países con altos déficits comerciales son países derrochadores, “que viven por encima de sus posibilidades”. Ya Keynes advirtió hace casi 60 años en Bretton Woods que tan desequilibrado estructuralmente está un país con déficits exteriores permanentes (España) como uno con superavits exteriores permanentes (Alemania). Y, por tanto, que la solución a esos desequilibrios debía ser compartida. Keynes llegó a diseñar una institución financiera internacional, la Internacional Clearing Union (ICU) que permitiría crear un sistema monetario no depredador de las economías exportadoras sobre las importadoras.
La creación de la Unión Monetaria del euro con países con niveles de capitalización (de desarrollo) muy diferentes estaba, en la práctica, incentivando un transvase de capitales de los países centrales hacía los periféricos. En los países periféricos de la zona euro, debido a su menor nivel de capitalización, hacer negocios suponía más riesgos, lo que les obligaba a ofrecer tipos “naturales” de interés mucho más elevados a los capitales de los países centrales.
Esos altos tipos de interés terminaron atrayendo una gran cantidad de capital impaciente. Esto fue aprovechado por los gobiernos de Aznar, y continuado por los de Zapatero, para incentivar una economía “acordeón”, basada en la creación de una burbuja financiero-inmobiliaria que permitiera atraer gran parte de esos flujos de capitales europeos que demandaban altas rentabilidades. Pero la consecuencia inevitable de esa llegada masiva de capitales ansiosos de altas rentabilidades es un déficit permanente en la balanza por cuenta corriente (la balanza de capital y la de cuenta corriente se equilibran por definición). En el momento que la burbuja estalló, como siempre hacen las burbujas financieras, los capitales huyeron buscando lugares más seguros para la inversión, aunque con rentabilidades menores, y la economía española se encontró de pronto ante una fuerte necesidad de financiación exterior (una economía con “mono” de abstinencia cuando se le retira el flujo de capitales que la estaba dopando), pero el crédito en los mercados financieros internacionales se encareció tanto, ante los riesgos que suponía invertir en España, que puso nuestra economía al borde del abismo.
La salida errónea que se ha propuesto a esta situación son políticas contractivas en los países periféricos para reducir sus necesidades de financiación exterior. Pero la magnitud de economías afectadas (Italia, España, Portugal, Grecia) ha hecho que la recesión de estos termine afectando a los países centrales (para 2012 el FMI prevé un crecimiento del PIB para Alemania y Francia de un 0,9 y 0,1 % respectivamente) , ya que son parte importante del destino de sus exportaciones. Lo que hay que desarrollar son políticas expansivas en el área euro, como propone la DGB, o al menos, si no hay voluntad por parte de los países centrales de poner en marcha mecanismos solidarios a escala europea, políticas expansivas en los países centrales que incrementen las exportaciones de los países periféricos. Como decía Keynes la resolución de los desequilibrios comerciales es cosa de dos.
La Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) ha propuesto un Plan Marshall de estimulo, un vasto programa de inversiones para Europa, que parte de estas consideraciones. Su financiación vendría a través de cuatro vías fundamentales: la emisión de bonos europeos, los recursos generados por el Impuesto a las Transacciones Financieras (versión europea de la Tasa Tobin) y por la armonización europea de los tipos del impuesto sobre el patrimonio hasta un 3%, así como los recursos financieros que aporten el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD).
Además para que se acelere la recuperación económica es condición necesaria una quita parcial de la deuda pública de los países periféricos que está en manos del Banco Central Europeo (los casos de Ecuador, Argentina e Islandia son prueba de ello), o al menos (lo que supondría una menor aceleración de la recuperación) el aumento de los plazos de reducción del déficit público.
Por último, es imprescindible la modificación de los estatutos del BCE, de tal forma que el crecimiento económico sea uno de los objetivos básicos de la política monetaria en la zona euro, y el pueda BCE jugar un papel anticrisis mucho más relevante, como lo ha jugado la Reserva Federal de EEUU. El secuestro del BCE por los talibanes de la estabilidad de precios (que defienden los intereses de los propietarios de capital rentista) es la culpable del actual dolor social que se vive en Grecia, Portugal, España e Irlanda.
Para responder a la otra pregunta hay hacerse una previa: ¿quien, con capacidad real de incidencia, debería poner en cuestión el férreo control que ejerce Alemania sobre las políticas europeas, que en este momento esta sujeto a los intereses electorales cortoplacistas de la CDU? En primer lugar el principal representante de la socialdemocracia europea, el Presidente de Francia, pero creo que existe un acuerdo entre Merkel y Hollande por el cual las políticas expansivas, más o menos tímidas, se pondrán en marcha una vez pasen las elecciones alemanas de otoño (incluso antes, esta primavera, puede producirse una revisión de los plazos de ajuste fiscal para España y Portugal).
En segundo lugar los gobernantes de los países periféricos con necesidades de financiación exterior, pero Grecia, España y Portugal están gobernados por partidos de derecha mucho menos relevantes que la CDU, por lo que no tienen capacidad real de influir en el gobierno alemán. Italia está fuera de juego hasta las elecciones de marzo de este año. Todo puede empezar a cambiar a partir de esta primavera, si el Partido Demócrata gana en Italia con suficiente mayoría.
3. Muchos reconocen que la austeridad no basta, pero el crecimiento y el empleo empezarán a responder cuando las reformas estructurales – en especial facilidades y abaratamiento del despido, reducciones salariales, privatización servicios públicos y reforma de las pensiones – comiencen a dar resultado, impulsando la productividad. Es un punto de vista correcto o, como temen muchos, las llamadas reformas estructurales se ponen en marcha ante todo como instrumento de destrucción de las garantías legales y colectivas del trabajo y para la disgregación del Estado social?
Un incremento permanente de la productividad no se obtiene de una mayor explotación de los trabajadores, sino mediante incrementos en la inversión empresarial. En la época de fuerte crecimiento de la productividad de la economía española (años 60 y 70) el stock de capital productivo (excluidas las viviendas) creció a una tasa anual del 10%, mientras que en los últimos 15 años lo ha hecho a una tasa solo del 1%. El stock de capital de la economía española, su capitalización, es un 161% del PIB, un porcentaje aún muy inferior de otras economías desarrolladas como Alemania, un 184%, y EE.UU., un 209%. El stock de capital productivo privado por empleado en España en 2009 fue apenas un 75,6% de la media del área euro, y era el mismo porcentaje que en 1995.
El bajo esfuerzo inversor de las empresas en los últimos tres lustros es la verdadera razón de la baja productividad de la economía española. Este bajo esfuerzo inversor no ha sido debido a una reducción de los beneficios empresariales en la época de crecimiento, que han crecido mucho más que las rentas salariales, sino a que se ha incrementado la parte del capital que sale de la empresa, que no se reinvierte en ella.
La evolución del porcentaje que representan los intereses y los dividendos sobre el beneficio empresarial, lo que se denomina punción financiera, que en 1995 era del 39%, y alcanzó el 60% en 2008, ponen en evidencia que ha habido una escasa reinversión de los beneficios empresariales en los últimos años. Este menor compromiso de los accionistas con sus empresas fue favorecido incluso por la acción del gobierno, la mejora del tratamiento fiscal de los gastos financieros en el Impuesto de Sociedades, que hace más rentable fiscalmente pedir créditos que aumentar capital, se aprobó durante los gobiernos de Aznar,
La inversión empresarial se recuperará cuando haya un crecimiento sostenido de la demanda, pero para acelerar esa recuperación de la demanda ( y consecuentemente del empleo) es imprescindible un esfuerzo público de reactivación, como el Plan Marshall propuesto por la DGB.
Gran parte de las reformas que estamos sufriendo están originadas en una opinión muy extendida entre los talibanes del mercado que “las reformas estructurales se adoptan, frecuentemente, en épocas de crisis económica o de episodios prolongados de crecimiento lento o negativo”. Estas fueron las palabras que pronunció el 11 de mayo de 2010 ante el “Seminario de alto nivel sobre experiencias en el mercado laboral: hacia mercados de trabajo eficientes” el anterior gobernador del Banco España (MAFO), responsable, al menos, de haber sido incapaz de atisbar la crisis financiera que se nos venía encima, y posiblemente cómplice, al menos pasivo, del fuerte endeudamiento inmobiliario de gran parte de nuestro sistema financiero, como está investigando actualmente el Fiscal General del Estado. La fecha de esas palabras es importante, el 11 de mayo de 2011 fue el día anterior a la intervención de J.L. Zapatero en el Congreso que supuso un cambio radical de su política económica.
Los ejemplos de ese uso de la crisis para desmantelar el estado del bienestar en España son contundentes: los hospitales de la sanidad valenciana que han privatizado su gestión son más caros que los que siguen bajo gestión pública, y eso que no disponemos de datos sobre el posible deterioro en la calidad del servicio. El fuerte recorte del gasto público en la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid ha venido acompañado del blindaje de las subvenciones públicas a los centros privados concertados. Ya lo dijo Milton Friedman tras el desastre del Katrina en Nueva Orleans: “ahora que las escuelas y las guarderías están inundadas es el momento de privatizar la enseñanza”.