El juicio de valor positivo sobre las reformas del trabajo en España, como un ejemplo a seguir según la Comisión Europea, es un arcano. El elemento más relevante es el progresivo desmantelamiento de derechos y la degradación de las condiciones de existencia.
El caso español, o sea la respuesta del gobierno del PP a la situación crítica de la economía y del empleo en España, está siendo puesta como ejemplo a seguir por las autoridades europeas, los empresarios y los grupos financieros españoles y es enunciado como una vía de promisión por otros dirigentes políticos, como el presidente del consejo de ministros italiano, Renzi, a los que se suponía una mayor capacidad de visión política.
Los elementos sobre los que se basa este juicio de valor tan extremadamente positivo son un arcano para quienes viven y trabajan en España. Se fundamenta principalmente en la reacción de salarios y empleo ante las reformas de estructura puestas en marcha con especial energía desde la llegada al poder con mayoría electoral absoluta, del Partido Popular, y por la capacidad que ha demostrado el aparato público de reducir el gasto social.
Sin embargo, no se comprende bien en qué se cifra el éxito de estas políticas. Desde el punto de vista macroeconómico, España tiene más déficit público que en 2012, pese a introducir en la Constitución mediante un pacto bipartisan que simbolizó el suicidio del Partido Socialista, la regla de oro del equilibrio presupuestario. El crecimiento del déficit público esta vez no parece ser tenido en cuenta por las autoridades monetarias y políticas de la Unión, ni por las agencias de rating que hacen funcionar sus previsiones negativas como señal para el cambio de orientación de las políticas de un país.
En cuanto a los salarios, es cierto que la política del PP ha dado sus frutos. Es continuadora de una línea iniciada por el gobierno socialista en el 2010, que forzó el descenso del nivel salarial de los trabajadores españoles con carácter general. Las reformas del PP se enorgullecían de ser las que habían emprendido este camino de devaluación salarial generalizada frente a la “rigidez” anterior, pero se ha conocido que se habían manipulado las estadísticas para que no se pudiera apreciar ese descenso ya a partir de las primeras normas de reforma del 2010.
Lo que fundamentalmente se proponía en esta nueva fase era algo más profundo. La desarticulación del sistema de negociación colectiva mediante la imposición por ley de la descentralización negocial y el principio de primacía de la negociación colectiva de empresa sobre cualquier otro nivel sectorial o interprofesional. A ello se ha unido la puesta en práctica de un mecanismo de desprotección mediante la inaplicación de los convenios en trance de negociación pasado un año de su denuncia.
La desarticulación del sistema de negociación colectiva ha buscado la complicidad de la patronal española, que ha cooperado eficazmente a la ruptura decidida – y posiblemente irreversible – del diálogo social. No tan decididamente sin embargo a la parálisis de la negociación colectiva en cuanto mecanismo de regulación. Los sindicatos además han neutralizado en los tribunales la supresión tajante de la ultra-actividad de los convenios, y por consiguiente en este asunto se verifican tendencias contrapuestas. Absoluta negación de la negociación colectiva en el sector público, paralización y dificultades en la negociación de sector, mayor número de convenios de nivel empresarial con un contenido por lo general reducido de derechos y de bajo nivel salarial. Pero es difícil ofrecer una radiografía exacta de la situación porque el Ministerio de Empleo ha dificultado el acceso a unas estadísticas ahora modificadas y de las que fundamentalmente se pueden conocer solo datos parciales.
El problema más acuciante es el del empleo. Y ahí la doblez del discurso oficial es muy significativa. Reforma tras reforma se ha ido liberalizando y abaratando el despido y flexibilizando la contratación sin causa sobre la base de que eran pasos necesarios para la creación de empleo. Toda esta área se ha configurado como de urgente necesidad y ha sido sustraída a la iniciativa legislativa mediante el uso continuo del decreto-ley que expresa la facultad legisladora del gobierno. Desde el RDL 3/2012 al RDL 3/2014 se han sucedido más de veinte normas que reforman la reforma anterior siempre en un sentido ablativo de derechos.
La contestación sindical y social de las mismas ha sido muy extensa, y los tribunales han establecido límites y controles que quieren a su vez ser removidos en sucesivas disposiciones ya emanadas o por venir. En Bilbao, a comienzos de marzo de este año, el más alto exponente del Fondo Monetario Internacional insistía en la conveniencia de introducir el contrato único en un acto sectarizado, presidido por el monarca, en donde se convocaron a los empresarios y se excluyó a los sindicatos.
El éxito de esta política en términos de empleo es realmente el colapso del sistema de ocupación. La destrucción de empleo no ha cesado de subir hasta el comienzo de este año, en donde se ha reducido a la vez población activa y desempleo. El saldo de los flujos de inmigración se han invertido, trabajadores jóvenes de ambos sexos con una cierta cualificación abandonan España para buscar trabajo en Alemania, Inglaterra o Sudamérica.
La cobertura asistencial de los desempleados se está reduciendo y cada vez hay más personas en el umbral de la pobreza severa. La cantinela de las autoridades públicas es conocida. Gracias a la reforma laboral el paro se ha contenido, de lo contrario se habría desbocado. No se entiende bien cuáles serían los parámetros de este futurible, pero para cualquier observador sereno, la cifra de parados españoles es lo suficientemente grave y su tendencia tan irreversible que es evidente concluir que las políticas de empleo adoptadas han favorecido más la destrucción de empleo que su contención y que en ningún caso han fomentado su creación.
A ello se une un amplio fenómeno de desinversión en servicios públicos, que llega hasta su cierre en algunos casos, acompañado de un impulso a la privatización a la que se alimenta desde los fondos públicos. La reducción de los presupuestos en educación y especialmente en la enseñanza universitaria lleva aparejada la práctica desaparición de líneas de investigación y el progreso en I+D+i, que resulta imprescindible para remontar la crisis.
La sanidad ve reducidos de manera grave sus transferencias de recursos y a su vez se fomenta directamente la emergencia de fórmulas de privatización de las estructuras sanitarias y de gestión de las mismas. Algunas propuestas muy extremas, como las de la Comunidad de Madrid, han sido impedidas mediante una formidable movilización social y la decisión judicial de paralizar tales decisiones políticas. Otras han seguido su curso, como en Catalunya. Por si fuera poco, la privatización de los servicios públicos se acompaña de fenómenos generalizados de corrupción, favorecida por la opacidad de la acción gubernativa y la dificultad de que sea controlada.
En la seguridad social, se lanza el criterio de la “sostenibilidad” de las pensiones sobre criterios definidos unilateralmente desde el poder público a partir del equilibrio presupuestario a la vez que se emanan normas que impiden la recaudación de ingresos para el sistema de seguridad social, como la llamada “tarifa plana” de cotización empresarial puesta en práctica por el reciente RDL 3/2014. Las reservas del sistema se dilapidan para presentar en breve plazo una situación crítica en el sistema de pensiones.
¿Cuál es por tanto la ventaja comparativa del ejemplo español para los países en crisis de Europa? Atendiendo a los datos con los que se cuenta, el elemento más relevante es el progresivo desmantelamiento de derechos y la degradación de las condiciones de existencia de las que en otro tiempo se llamaban clases subalternas. El trabajo, considerado crucial desde un planteamiento político democrático, sigue en el punto de mira de la acción de gobierno pero para vaciarle de contenido social, impedir su función cohesiva y devaluar su valor económico en el proceso de producción de bienes y de servicios.
Este proceso deconstituyente que ataca directamente la figura del Estado Social y dificulta de manera extraordinaria la acción sindical colectiva quiere imponer un horizonte de servidumbre antidemocrática a la ciudadanía que trabaja. Por ese esfuerzo se premia al gobierno de Rajoy, y en razón del mismo se proyecta hacia los países de Europa en dificultad como un ejemplo a seguir. Pero es un mal ejemplo.
Ante todo porque está generando espacios amplísimos de resistencia que conducen a una deslegitimación completa de la acción de gobierno y del método bipartidista de la gobernanza económica y social del país. Pero es que además el discurso oficial se contrasta continuamente con una realidad desoladora, en la que los datos estadísticos no son capaces de nombrar correctamente la magnitud del desastre que está sucediendo.
Los datos 2012-2013
1. Hundimiento de la población activa. Tras la llegada al poder del gobierno Rajoy la población activa se ha hundido. Desde finales de 2011 hasta el último dato disponible, cuarto trimestre de 2013, la población activa ha pasado de 23,1 millones de personas a los 22,6 actuales, concretamente un descenso de 426.000 personas. En el período anterior de la crisis, finales de 2007-2011, la población activa aumentó en 676.000 personas. Este dato se explica por un lado por el descenso poblacional, y, por otro, él que se deriva de la falta de actividad y de expectativas, lo que fuerza a que aquellos que están en edad de trabajar, hartos de esperar, a abandonar el mercado laboral y formar parte de la población inactiva.
2. Junto al descenso de población activa, ha caído en picado el número de ocupados. La Reforma Laboral ha supuesto la destrucción de casi un millón y medio de empleos, concretamente hay 1.354.644 ocupados menos. El nivel de ocupación se remonta a niveles de 2001, donde sólo había una población activa de 18,3 millones de trabajadores.
3. El deterioro en la calidad de los contratos laborales es impresionante. Se ha sustituido empleo a tiempo indefinido por temporal, y también empleo a tiempo completo con empleo a tiempo parcial. De los 14.792.614 contratos registrados en 2013, solamente 1.134.949 era indefinidos. No llegan al 8%. Si homogeneizamos todas las cifras, lo que hay es una profunda destrucción de empleo a tiempo completo. Según el último dato de Contabilidad Nacional del Instituto Nacional de Estadística (INE) la economía española está destruyendo empleo a un ritmo de reducción neta de 522 mil puestos de trabajo a tiempo completo en un año. Solamente los contratos puramente temporales y los formativos aumenten su peso en el conjunto de la contratación, aumentando así la precariedad.
4. El 50,8% de las personas paradas lleva más de un año sin empleo (3.043.546 personas); el 32,7 por ciento lleva más de dos años sin empleo y el 22,1 por ciento lleva más de tres años. En dos años la tasa de protección por desempleo ha disminuido en tres puntos, del 37 por ciento al 34,1 por ciento. El 86 por ciento de los jóvenes menores de 30 años no perciben prestación alguna o el 65 por ciento de las mujeres mayores de 30 años o el 51 por ciento de los hombres mayores de 30 años. El gasto en prestaciones por persona desempleada ha pasado de 5.966 euros/año en 2011 a 5.011 euros en 2013, un 16 por ciento menos. La inversión por desempleado o en políticas activas ha disminuido un 52% desde los 1.544 euros de 2011 hasta los 740 euros de 2013.