La consolidación de la pobreza laboral, la extensión de la precariedad, y la debilidad de los servicios públicos esenciales, han coexistido con la nueva crisis sanitaria y económica causada por la pandemia
La emergencia provocada por la pandemia del Covid-19 no ha terminado aún, y en Europa, con el invierno y la variante ómicron se prevé que arrecie una sexta ola con repercusión sobre la asistencia hospitalaria y el incremento de fallecimientos, agravado por la obstaculización cada vez más activa de las minorías negacionistas antivacunas que se resisten a aceptar medidas preventivas que aseguren al resto de la población frente a su obstinada negativa a vacunarse.
Pero este panorama sanitario que está muy presente en nuestras existencias, se abre el horizonte de la vida cotidiana, la situación en la que se encuentra la población en donde la desigualdad económica y social sigue en niveles extremadamente altos, con tasas increíbles de concentración patrimonial que se ha agravado durante todo el tiempo de la pandemia. En el Informe sobre las desigualdades sociales del 2022, dirigido por Piketty, en Europa, el 50% de los más pobres detentan el 4% del total de propiedades privadas (activos inmobiliarios, profesionales y financieros, libres de deudas), y el 10% de los más ricos el 58% de estas.
En este mismo informe se subraya que la lucha contra las desigualdades de género y ambientales es lenta y sin apenas resultados. Hay que tener en cuenta que la crisis del ciclo 2010-2013 y las políticas de austeridad empeoraron de manera consciente las condiciones salariales y vitales de una buena parte de la población, en especial en los países del sur europeo. La consolidación de la pobreza laboral, la extensión de la precariedad, y la debilidad de los servicios públicos esenciales, han coexistido con la nueva crisis sanitaria y económica causada por la pandemia y todavía, pese a la eficacia de las medidas de protección del empleo y de las rentas en este año y medio, no se han revertido. Se podría decir que las políticas desarrolladas durante la situación de excepción causada por la pandemia han impedido el deterioro del empleo y la degradación adicional de las condiciones de trabajo, pero todavía no han conseguido restituir al área del trabajo asalariado las condiciones de seguridad en la existencia y de mejora de sus posiciones de poder en las relaciones laborales que el momento actual requeriría.
La existencia por tanto de un clima de malestar social difuso es una realidad incontestable en la mayoría de los países. Es cierto sin embargo que la reacción frente al mismo depende mucho del cuadro político y social vigente en cada uno de los países, en especial en el sur de Europa, y de la evolución de los acontecimientos políticos, pero en todos ellos, hay un momento crítico que consiste precisamente en el diseño del plan de actuación que se tiene que llevar a cabo en los dos años próximos, 2022 y 2023, y en donde los recursos de la Unión Europea pueden ser determinantes de un cambio en profundidad hacia un horizonte definido por los conceptos de transición ecológica y sostenibilidad social. En Italia como en España, pero el curso de las cosas es diferente en ambos países.
En Italia, como sucedió con la crisis de la deuda soberana en torno al gobierno Monti, la crisis se ha saldado con un gobierno de unidad nacional presidido por Mario Draghi. Los sindicatos desde el verano, en el marco de la progresiva “normalización” económica de la fase post-covid, han venido criticando la posición subalterna en la que el juego de los acuerdos políticos entre las diversas fuerzas en presencia les viene situando, y el entorpecimiento y la demora en poner en marcha una parte importante de sus reivindicaciones de carácter sociopolítico. La consulta y negociación sobre los presupuestos para el año 2022, que van muy retrasadas, han sido extremadamente decepcionantes para la interlocución sindical, que entiende que no se han adoptado medidas importantes en dominios tan importantes como la enseñanza, el trabajo, la vivienda, la sanidad y el medio ambiente, que se juzgan imprescindibles para lograr un buen uso de los fondos europeos asignados.
Tras una serie de movilizaciones realizadas a través de concentraciones y manifestaciones – entre las cuales la muy determinante de protesta contra el atentado a la sede de la CGIL, del que nos ocupamos en este blog https://baylos.blogspot.com/2021/10/ataque-violento-al-sindicato-italiano.html [3] - la CGIL y la UIL, dos de los tres sindicatos confederales italianos, han convocado huelga general en todos los sectores de la producción y los servicios salvo el de la sanidad, para el día 16 de diciembre, jueves, en toda Italia, seguida de una serie de manifestaciones en ocho ciudades a lo largo de todo el territorio nacional. La convocatoria de huelga ha sido precedida, el día 10 de diciembre, de una jornada de lucha y de movilizaciones en la enseñanza, esta vez convocada de forma unitaria por todos los sindicatos de la enseñanza que sin embargo no ha obtenido el amplio seguimiento que era previsible ante la extensa gama de convocantes.
La huelga tiene un claro objetivo social y político al reivindicar un giro social en la fase de salida de la crisis. Por ello insiste en el cuestionamiento de las medidas fiscales previstas de exenciones impositivas generalizadas, en las que la propuesta del presidente del consejo de ministros de congelar los beneficios fiscales a las rentas superiores a 75.000 €, ha sido rechazada en el gobierno por la negativa de los partidos de la derecha, en la necesidad de poner fin a la precariedad laboral en especial en servicios públicos fundamentales como la enseñanza o la sanidad, pero también en la urgencia de acometer reformas sobre el despido y no dilatar la prometida norma que limita la deslocalización de las empresas, una reivindicación sindical muy sentida en Italia del lado sindical ante la cadena de despidos que se están produciendo por el desplazamiento de industrias fuera de las fronteras nacionales italianas.
La convocatoria de huelga ha sorprendido a los partidos políticos, porque recupera la posición central del sindicalismo confederal en la interlocución política con el gobierno, trascendiendo la mediación indirecta o la delegación del proyecto reformista sindical en las fuerzas políticas, que son las que están gestionando este período de recuperación post-covid19. Una posición en la que sin embargo se siente cómoda la CISL, la confederación sindical discordante con este llamamiento al conflicto, que ha entendido que es una decisión equivocada “radicalizar el conflicto en un momento delicado” en el que se requiere ante todo diálogo, cohesión y responsabilidad social.
Una opinión crítica que comparte la derecha del Partido democrático y los renzianos, que miran con desconfianza este conflicto que les hace recordar la última de las huelgas generales convocadas en Italia, en el 2014 – hace ya siete años – en solitario por la CGIL contra la Job Act del gobierno Renzi. La respuesta oficial del PD ha sido mucho más matizada, intenta recomponer las relaciones de diálogo y no renuncia, incluso en medio de este conflicto a ser “un punto de mediación”. El Movimiento 5 Estrellas, por su parte, considera también que el derecho de huelga no puede ser demonizado y que hay que escuchar las reivindicaciones de los sindicatos, manteniendo siempre abierto el diálogo. Como es previsible, Salvini en nombre de la Lega, ha interpretado que este acto es plenamente irresponsable, y el empresariado italiano, la Cofindustria, critica asimismo la huelga y a los sindicatos que la convocan como una pura manifestación identitaria de la que no saben prescindir, un instrumento ritual desconectado de la realidad del diálogo social y político.
Landini, el secretario general de la CGIL, insiste por el contrario en que la responsabilidad sindical como representación de una ciudadanía maltratada y empobrecida es justamente la de poner el foco sobre esta problemática que los presupuestos y la deriva política del gobierno ignoran, y le asombra que los partidos políticos no vean como está aumentando el malestar social en todo el país. Luchar por mejorar las condiciones de vida no es fácil, ha insistido, es muy costoso y mediante la convocatoria los sindicatos están pidiendo a las y los trabajadores un sacrificio en estos tiempos difíciles, pero asimismo un acto de solidaridad debida.
No es tan sólo un acto que materializa la presencia social del sindicalismo como sujeto central en las relaciones sociales de un país democrático, lo que resulta de esta convocatoria es el rechazo de la posición subalterna en la que el proceso de gobernanza en este periodo de recuperación ante la crisis económica ha situado al sindicalismo confederal italiano. Una situación que contrasta con la práctica política que se ha impuesto en España, en donde el diseño de las reformas en materia laboral y de seguridad social se han confiado al diálogo social, dando así relevancia directa a los sujetos representativos del trabajo y de la empresa en la participación sobre el cuadro de reformas resultante.
El seguimiento del caso italiano y de los resultados que este conflicto abierto vaya a poder realizar, de un lado, junto con la quiebra de legitimación social que puede derivarse de las decisiones adoptadas en el seno del gobierno, de otro, son elementos importantes que nos irán permitiendo trazar un mapa de cómo se está perfilando la salida de la terrible crisis sanitaria y económica que irrumpió en Europa a finales de febrero del 2020, ya para dos años. Una salida de la crisis que tiene necesariamente que poner en el punto de mira la satisfacción de las necesidades de las personas y la mejora de las condiciones de trabajo y de existencia de la amplia mayoría de la ciudadanía cualificada por su situación desigual y asimétrica en términos de poder. De lo contrario, el malestar social se puede enquistar y encapsular con el peligro de que en ese contexto tengan acogida actitudes y prácticas de decepción democrática y de rechazo de la política como espacio de reforma social y de creación de derechos que inciden en la mejora de la existencia de los seres humanos.