Los salarios sufrirán una pérdida histórica en su poder de compra en 2022. Los salarios reales que se cobrarán este año serán un 12,8% inferiores a los de 2008 por realizar el mismo trabajo.
Convocados a una gran concentración en Madrid, distribuidos en tres columnas que han confluido en la Plaza Mayor, una vez atravesadas las calles de la capital, 50.000 manifestantes de CC.OO. y UGT se han movilizado para exigir que la crisis no la paguen las personas que trabajan y que la CEOE se siente a negociar un Acuerdo general que garantice una cláusula de revisión salarial que palie la inflación que está generando una importante pérdida de poder adquisitivo en los salarios.
[2]La situación económica frente a la cual se movilizan los sindicatos más representativos a nivel estatal queda muy bien resumida en una serie de tuis que ha efectuado Carlos Martín Urriza, responsable del Gabinete Económico confederal de CC.OO. En efecto, como afirma sintéticamente:
“Los márgenes empresariales se disparan tras la pandemia hasta el 10,1% sobre ventas según la estadística de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresa y PYMEs de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). El origen de la inflación no es solo exterior hay una fuerte componente interna en los beneficios de las empresas.
Por el contrario, los salarios sufrirán una pérdida histórica en su poder de compra en 2022. Los salarios reales que se cobrarán este año serán un 12,8% inferiores a los de 2008 por realizar el mismo trabajo. Esta pérdida aboca a la economía española a la recesión y la destrucción de empleo si no se pone coto al crecimiento disparado de los márgenes de beneficio: elevando los salarios en la negociación colectiva, estableciendo precios máximos en bienes básicos y elevando la fiscalidad de los sobre beneficios de las empresas”.
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[4]La movilización es clave en este proceso, porque pretende forzar la adopción de un acuerdo general, a nivel estatal, que posibilite su recepción en cascada en los sucesivos convenios colectivos. Por el momento, la situación es desigual, con importantes conquistas a partir de conflictos muy sostenidos por la mayoría de los trabajadores tanto a nivel de sector – los convenios de industria de Ourense, de Vizcaya, de Asistencia a domicilio de Asturias y tantos otros - como a nivel de empresa – Repsol, Airbus – pero con muchos convenios por firmar que requerirán una fuerte participación de las personas afectadas por el convenio para lograr un incremento salarial razonable, junto con algunos otros supuestos en los que los sindicatos han preferido cerrar el contencioso en términos muy deficientes y sin cláusula de revisión ante la incapacidad de la organización de impulsar la participación activa de los y las trabajadoras en una movilización que incida en el tema salarial como eje de la negociación.
Felizmente, este empuje sindical coincide con un panorama económico relativamente estable en estos tiempos de incertidumbre. Los últimos datos sobre el empleo son muy positivos, aún con el dato de casi tres millones de parados. La Seguridad social sigue sumando nuevos afiliados hasta la cifra de 20.240.450 afiliados, una dinámica que se mantiene al alza por 18º mes consecutivo, y el paro baja en octubre en 27.027 personas, el mayor descenso de este mes en la serie histórica, y disminuye en todos los sectores. La reforma laboral sigue mostrando su vigencia, de manera que el 45,75% de los contratos registrados en este mes fueron indefinidos.
Éstos se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 263.759 a tiempo completo, 173.742 a tiempo parcial y 259.834 fijos discontinuos. En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a octubre de este ejercicio un total de 2.534.409, un aumento de 1.527.262 (151,64%) que en igual periodo del año 2021. Los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.484.660, registrando un aumento de 1.047.402 (239,54%) en relación al mismo periodo del año anterior. Frente a ello, los contratos de carácter temporal registrados en el mes de octubre de 2022 han sido 826.804, representando el 54,25% del total. Son 867.284 (-51,19%) menos que el mismo mes del año 2021. Según los datos facilitados por el Ministerio de Seguridad Social, en lo que va de año, se han reducido en más de 2,8 millones los afiliados con contratos de menos de 30 días y se ha incrementado en 48 días la duración media del total de contratos que han causado baja en estos 10 meses en comparación con el mismo periodo de 2019. Y el número de trabajadores en ERTE se estabiliza en torno a las 17.000 personas, con tendencia al descenso.
En este contexto, es evidente que un acuerdo central a nivel estatal que incluyera una cláusula de revisión salarial en varios tiempos, facilitaría la estabilidad económica y aseguraría la recuperación económica incluso en un momento como el actual muy complicado e inseguro. La CEOE se opone a ello y cada vez es más evidente que son razones externas las que guían su negativa. Se trata de la presión política que está sufriendo el presidente de la CEOE, que tiene que revalidar su posición en las elecciones del 23 de noviembre próximo, por parte de las federaciones y asociaciones empresariales más comprometidas con el Partido Popular que quieren impedir a toda costa un pacto que facilite la gobernanza de la negociación colectiva y por consiguiente que sea funcional al mantenimiento de una cierta recuperación económica, unido a la codicia corporativa extrema de grandes firmas que se están enriqueciendo de manera exponencial – bancas y empresas de energía – con la crisis derivada de la guerra de Ucrania.
Por ello, el conflicto es inevitable y los sindicatos se verán obligados a ir poniendo en práctica una estrategia articulada de huelgas y movilizaciones por sectores y empresas que no permitan a las empresas instalarse en este espacio de preservación de ganancias desaforadas en la crisis y de apoyo activo a las posiciones de hostilidad plena frente al gobierno del Partido Popular, una estrategia que si no se modifica después de las elecciones en el seno de la CEOE, puede llevar a esta organización a intentar administrar un plan de conflicto social no deseable y a una marginación en su capacidad de mediación frente a decisiones del poder público muy incisivas.