El movimiento 15-M se haya enfrentado a la política entendida como mercancía electoral y a su inaccesibilidad a las demandas sociales. La compleja tarea de los sindicatos en la búsqueda de respuestas adecuadas al desafío .
El acontecimiento más importante y significativo de este año en España ha sido sin duda la irrupción, en medio de la campaña electoral municipal y autonómica, del movimiento Democracia Real Ya (DRY), a partir de la exitosa manifestación convocada por las redes sociales y el correo electrónico el 15 de mayo y la posterior acampada en la Puerta del Sol, luego diseminada y extendida por todo el territorio nacional e innumerables ciudades del mundo.
Con una gran heterogeneidad de corrientes en su seno, el movimiento de los “indignados” se ha estructurado adoptando las formas de debate y de organización tradicionales en lugares alternativos, como en Madrid pueden ser el Patio Maravillas o la Tabacalera. La asamblea como espacio de discusión y debate, la “horizontalidad” y la rotación en la conducción de las decisiones, la especialización material a través de comisiones, son rasgos distintivos de la forma de expresión del “hacer política” del movimiento. Otro elemento caracterizador es la presencia importante de las performances como forma de expresión de la crítica a la realidad política y económica, que se presenta como espejo deformado, (sobre)actuación y reivindicación del esperpento.
Junto a ello, la utilización de las redes sociales como forma de convocatoria y de extensión de la protesta, confirma la importancia del empleo de éstas en la construcción y en la administración del conflicto social – como había señalado en su último libro Manuel Castells – y la capacidad de agregación que tienen sobre multitud de jóvenes sin una práctica de adhesión colectiva.
El éxito del movimiento ha sido inesperado. Algunas decisiones del poder público han favorecido este éxito – el desalojo de los primeros acampados el día después de la manifestación, la decisión de la Junta Electoral central de impedir concentraciones y manifestaciones en la “jornada de reflexión” o día antes de las elecciones municipales y autonómicas – pero ante todo se ha debido a la capacidad de sintonizar con un amplio estado de opinión crítico y de repulsa a la indiferencia de la política ante las consecuencias dañinas de la crisis en términos de destrucción de empleo, precariedad y desmoronamiento de derechos sociales.
Era por tanto inesperada la amplitud del movimiento, pero no por ello se trataba de un acontecimiento menos deseado. Y que se inserta en un ya largo proceso que comienza en mayo del 2010 con la adopción de las medidas neoliberales para afrontar la crisis de la deuda en los mercados que abre un período de conflictividad social intensa contra la reforma laboral promulgada en septiembre de ese año y contra la que el sindicalismo confederal convocó una jornada de huelga general el 29 de septiembre. Una jornada seguida masivamente por los trabajadores industriales y de servicios, con enormes huecos en las administraciones públicas, y que fue parcialmente compartida por los jóvenes, en especial precarios y temporales.
Esa conflictividad intensa que la anunciada reforma de la pensión de jubilación presagiaba con singular dureza, quedó sin embargo truncada al iniciarse una segunda fase en la que los sindicatos UGT y CCOO – a mi juicio correctamente - entendieron necesario llegar a un acuerdo que, concediendo algunas condiciones más restrictivas de acceso a la protección social, preservara el núcleo del sistema de seguridad social e introdujera algunos otros criterios de corrección del mismo en atención a las características de la composición de la población activa y las trayectorias profesionales de los trabajadores y trabajadoras.
Además, se dio inicio a una larga negociación bilateral con el empresariado– impidiendo la tentación intervencionista del gobierno – sobre la negociación colectiva, un elemento decisivo en el conjunto de las relaciones laborales, pero muy lejano de lo que “sienten” próximo los precarios y los parados. Es decir, que los “mediadores sociales típicos” en el tiempo de la crisis, los sindicatos, se situaban en el área del compromiso, sin que las propuestas se estaban desarrollando se percibieran en relación directa con el espacio concreto de la precariedad o En ese sentido, las medidas pactadas sobre políticas activas de empleo que se adoptan a partir de febrero de 2011, o el intento de hacer emerger una parte de la economía informal, no han tenido ni eficacia ni, lo que es más importante, visibilidad social, como tampoco han ganado presencia pública las críticas que los propios sindicatos han realizado sobre estas regulaciones. el desempleo.
Eso explica que muchos esfuerzos de la gente común y en particular los más jóvenes, en no aceptar esta situación y en plantearse aunque sea retóricamente la posibilidad de existir socialmente más allá de su consideración como número (abrumador) en el paro o en el subempleo, no encontraran acogida en la actuación de los mediadores sociales más cercanos, pero mucho menos en el discurso cerrado y banal de una política y de una clase política que iba reduciendo cada día un poco más los términos de la argumentación y del programa.
Ese contraste se hace insoportable en el período electoral, con la puesta en escena del circuito mediático e iconográfico en torno a las elecciones municipales y autonómicas. Ese ha sido el detonante que ha permitido que el movimiento 15-M se haya enfrentado a la política entendida como mercancía electoral y bipartidismo, proponiendo una crítica profunda del sistema, el cambio de la ley electoral, y el rechazo antipartidista de un escenario falseado en donde las opciones políticas sobre los asuntos fundamentales de la convivencia y de la cohesión social son indistinguibles. Junto a ese rechazo de la inaccesibilidad de las demandas sociales al sistema político democrático de bipartidismo imperfecto (lo que Capella denomina hermetismo político), el movimiento ha reivindicado en las asambleas y en su programa elementos centrales del estado social: prestaciones sociales, desempleo y protección de los parados, vivienda, sanidad, protección pública de las situaciones de dependencia, unido a una exigencia de regulación del sistema financiero y de un sistema fiscal adecuado.
Es decir, frente a lo que podría concebirse como tendencias a la “demonización” de la política entendida como “política oficial”, una afirmación de otro modo de hacer política, en donde las medidas adoptadas no se sometieran a las exigencias desreguladoras de los “mercados” ni a las decisiones anti-sociales de los grandes centros financieros del mundo.
La “politicidad alternativa” del movimiento 15-M ha funcionado como elemento de cohesión y cemento de solidaridad y de apoyo de tantas personas de toda edad y condición. Hay en ella sin embargo un punto difícil de gestionar, y es el de cómo se contempla la representación de esos intereses.
El carácter asambleario y, más allá de este, la consolidación líquida de un conjunto amplísimo de personas relacionadas en red, es contrario a la forma representativa tradicional, y, en consecuencia, no resuelve el tema de la representación, que es central para abordar la relación del movimiento con los espacios de decisión en el ámbito social y ciudadano. Mantiene por tanto en la indeterminación el problema de los medios y los fines, y la relación que este conjunto de reivindicaciones puede mantener con los instrumentos de mediación social disponibles.
En ese sentido, los resultados electorales del 22 de mayo, que han sustituido el modelo bipartidista por una tendencia muy decidida al monopartidismo de la derecha conservadora, y en donde el desplome del partido socialista no ha sido compensado por el aumento modesto del voto a IU, han tenido un efecto negativo sobre la valoración social positiva de las reivindicaciones de DRY. Para muchos de sus componentes, reforzar un aglutinante ideológico del grupo sería importante para evitar la inestabilidad del mismo. Pero la propia indeterminación de este aspecto junto con la pluralidad de perspectivas presentes en el mismo, dificulta esta presión hacia la definición ideológica en relación con las opciones políticas y sociales presentes, más allá de una referencia muy genérica – pero también enérgica – a la reivindicación de la política participativa y el desarrollo del Estado social en los aspectos reivindicados.
Es conveniente que el movimiento, como resulta de sus discusiones, se extienda y se implante en otros espacios urbanos, y que consolide en ellos su presencia, aunque posiblemente sin la visibilidad mediática que constituye uno de sus grandes aciertos. Pero es también seguro que éste es ante todo una agregación líquida de voluntades y de esperanzas que encuentra muchas dificultades para subjetivizarse en un modo para-institucional. Es evidente que el sindicalismo confederal español está muy interesado en este proceso, al que no sólo mira “con simpatía”, como dice un comunicado de CCOO al respecto, sino que aprecia su impulso positivo en términos de agitación y de estímulo del debate político. Pero el sindicato no puede constituirse en parte principal o adhesiva de este movimiento de protesta. Al contrario, tiene que ser una referencia del mismo, aunque no necesariamente en todos sus aspectos.
Algunas de las iniciativas ya en marcha deberían funcionar en ese sentido. La Iniciativa Legislativa Popular por un empleo estable y con derechos, que requiere medio millón de firmas para poder ser presentada como proyecto de ley, es una acción de base del sindicato que enlaza directamente con la soberanía real de los ciudadanos y opone a la política antisocial de la reforma laboral una forma alternativa de regulación sostenida por otra idea de la política como forma de mediación social y de reforma de los mecanismos de poder privado. La gestión de esta iniciativa podría haberse realizado de forma más colectiva, utilizando didácticamente este instrumento como un “hacer política” y de concebir lo político de modo diferente. La entrega final de las firmas recogidas podrá ser un momento en el que se recupere este sentido alternativo que por el momento no ha sabido desempeñar en la práctica.
En cualquier caso, las reflexiones que han abierto los acampados en la Puerta del Sol y en tantas otras plazas españolas y extranjeras sobre el sistema político y su inaccesibilidad a las demandas sociales, la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección social durante la crisis y la ampliación de las instituciones públicas que dan sentido a la condición de ciudadanía y de soberanía de los pueblos, en un horizonte impostergable de consecución gradual de la igualdad real y efectiva, son lo suficientemente importantes como para entender que la resistencia y la protesta ciudadana tienen una entidad decisiva en la orientación de un debate más amplio sobre la acción política y social emancipatoria.
Es casi segura la metabolización de ese horizonte de sentido en los medios e instrumentos empleados por otras organizaciones sociales como los sindicatos, que desempeñan un rol muy intenso en la configuración del marco de instituciones y reglas que buscan la cohesión social y la redistribución de los poderes sociales y económicos, y que pueden constituirse en una referencia general en este terreno. A condición de lograr visibilidad social para sus acciones y propuestas y de acentuar su presencia constante en la sociedad por encima de su representación institucional en la misma.