En América, con la llegada de Franklin D. Rooselvet, se imprimió un giro radical en dirección a la recuperación económica y a la lucha contra el desempleo. Al respecto no se puede sino contemplar críticamente lo que está sucediendo en la Europa actual.
La crisis que atravesamos fue comparada inicialmente con la de 1929. Había de qué alarmarse, ciertamente, pero a la vez hizo madurar la esperanza de que, al haber diagnosticado a tiempo la enfermedad, los gobiernos habrían de intervenir para bloquear la evolución de la misma y evitar el desastre social de la Gran Depresión de los años 30. Por desgracia, las cosas han evolucionado de la peor de las maneras.
Han pasado ya tres años y en América se discute a las claras sobre el riesgo de una nueva recesión. En cualquier caso, el desempleo es mayor que el que Barack Obama había encontrado al tomar posesión de la Casa Blanca. Y, a comienzos de septiembre, en un dramático discurso al Congreso, ha pedido la aprobación urgente de un plan de 450 millones de dólares para intentar relanzar la economía y el empleo.
No sabemos si bastarán. Robert Reich, ex ministro de trabajo de Bill Clinton, ha escrito que serían necesarios al menos 1.000 millones de dólares a favor de las capas más débiles y para un gran plan de inversiones en infraestructuras. Hay además la incógnita de la oposición republicana y del radicalismo fundamentalista del Tea Party que amenaza con desnaturalizar las medidas avanzadas por Barak Obama.
Estas son las dudas sobre la situación americana donde se ha desencadenado la crisis financiera. Pero en Europa las cosas marchan peor. De forma absurda, la línea que ha prevalecido no es la de relanzar la economía y el empleo, sino la política de “austeridad”, como se denomina con ambigua expresión, que, realmente, quiere decir una política deflacionista y de contención, cuando no de recesión, de la economía.
Ahora se vuelve a evocar el riesgo cada vez más próximo, de la quiebra griega. Pero se debe recordar que hace tres años, cuando el nuevo gobierno Papandreu declaró honradamente que el gobierno conservador anterior había dejado un déficit mucho más alto que el que había declarado, habría sido posible acordar un plan de rescate en un tiempo razonable. Por el contrario, con la exigencia de medidas de saneamiento tan onerosas que eran impracticables, se ha transformado una crisis de liquides de solución posible en una crisis de solvencia que hoy parece irresoluble.
El caso de España es a su vez indicativo. Generalmente se sostiene que las dificultades de los países de la zona euro provienen de una irresponsable política de endeudamiento. Eso no era para nada cierto en el caso español, que llegó a la crisis inmobiliaria con una deuda pública muy por debajo de la media europea y de los parámetros de Maastricht. El país se encontró dentro de la espiral de una crisis inmobiliaria interna agravada por el contexto internacional, que afectaba a una parte del sistema bancario. El incremento del déficit público consiguiente a la crisis, podía ser afrontado por una condición normal de recuperación de la economía favorecida por intervenciones de gasto público. Pero las autoridades comunitarias han impuesto a la vez el equilibrio del presupuesto y las tremendas reformas estructurales con el inevitable empeoramiento de la situación económica, la ruptora de las relaciones sociales y la crisis del gobierno socialista.
El caso italiano es el más reciente, pero no necesariamente el último, de una política gobernada por el efecto dominó. A Italia le han pedido primero la eliminación del déficit para el 2014, y después lo han anticipado a los dos años inmediatos con unos presupuestos restrictivos de más de quinientos millones de euros. Una condición que cualquier estudiante de primero de Economía sabe que lleva aparejada como consecuencia inevitable el bloqueo posterior del crecimiento que, a su vez, hace más difícil, en un círculo vicioso, la reducción de la deuda.
Pero aquí es oportuno volver al contraste del comienzo con la crisis de 1929. En América, con la llegada de Franklin D. Rooselvet, se imprimió un giro radical en dirección a la recuperación económica y a la lucha contra el desempleo. Entre 1933 y 1935 se proporcionó trabajo, con la ayuda del Estado, a millones de trabajadores y de jóvenes para que construyeran carreteras, puentes, presas, centrales eléctricas y parques que aún ahora se pueden admirar cuando se viaja por los Estados Unidos.
No sólo esto. Las intervenciones más dignas de ser recordadas fueron la instauración de la Seguridad Social, el sistema público de pensiones, la prestación por desempleo, la asistencia para las madres solteras con hijos a cargo, el salario mínimo legal, además de la reforma sindical – la famosa Ley Wagner – que en las sucesivas décadas consintió un extraordinario desarrollo del sindicalismo americano. En suma, la mayor política de reformas sociales que se recuerde en un país democrático como instrumento de intervención contra la crisis y, simultáneamente, como instrumento para una sociedad más justa, combatiendo la explosión de las desigualdades que había caracterizado a los exultantes años veinte.
Al respecto no se puede sino contemplar críticamente lo que está sucediendo en la Europa actual. Las autoridades de la Unión Europea, desde la Banca Central hasta la Comisión Europea, pasando por los gobiernos de derecha que dominan en la mayoría de la Unión, unen sus voces en un coro común ensordecedor que persigue la imposición, bajo la amenaza de los mercados financieros, “reformas estructurales”. En sustancia, una nueva restricción de los regímenes de pensiones, la desregulación final de los mercados de trabajo, la contracción de los sistemas de welfare, la privatización de los servicios públicos.
El caso italiano se inscribe en este marco. Italia tiene desde luego un mal gobierno de derechas, posiblemente el peor de todos los existentes en el ámbito de la Unión. No obstante, la deuda pública, aunque históricamente ha sido siempre alto, casi el 120 por ciento del PIB, se ha contenido en el curso de la crisis, y el déficit público será, según las estimaciones corrientes, el más bajo de los de los mayores países de la eurozona después del de Alemania. Esto no ha sido suficiente para frenar la caza por los mercados financieros de una nueva presa, la más grande, tras las primeras de menor medida, como Grecia, Irlanda, Portugal y después España.
El Banco Central Europeo, las autoridades de Bruselas y la señora Merkel han hecho saber con cartas “reservadas” y declaraciones públicas que el gobierno italiano debía adoptar otras medidas de austeridad además de las que han asumido ya en el verano para acelerar el equilibrio presupuestario. Pero no han sido suficientes en el Decreto Ley denominado de “maniobra” financiera, el gobierno Berlusconi ha incluido una norma que carece de referencia alguna a la cuestión de la estabilidad presupuestaria. Se trata ni más ni menos de la posibilidad de conseguir declarar a través de la conclusión de un convenio colectivo de empresa, la libertad de despido sin motivo justificado, derogando el convenio cualquier norma colectiva o estatal del ordenamiento, entre ella el art. 18 del Statuto dei Lavoratori. Una medida que la patronal italiana y la derecha política persiguen desde hace años. Y que en el año 2002 el gobierno Berlusconi de entonces tuvo que retirar tras la mayor manifestación obrera y popular de la historia de la República.
Pues bien, ahora vuelve a ser propuesta y aprobada, al comienzo de forma casi clandestina, por decreto, claramente aprovechándose de la crisis. Esta es la gota que ha hecho desbordar el vaso del descontento y de la protesta, reforzando las razones de la huelga general del 6 de septiembre. Una huelga no sorprendente respecto a las que ya se han visto en el curso de los últimos meses en Grecia, España, Portugal, Francia. Pero ciertamente sorprendente porque la CGIL ha tenido que convocarla sola, mientras que CISL y UIL la condenaban como una acción inútil. En la práctica, la huelga ha movilizado no sólo a los trabajadores, sino también a los pensionistas, a los jóvenes parados y a los precarios, construyendo un importante momento de unidad y de solidaridad, y restableciendo una fuerte relación con los partidos de la izquierda, ante todo con el PD, pese a la oposición de algunos grupos en su interior.
Pese al éxito de la huelga general, que era previsible, la norma sobre los despidos ha permanecido en el decreto del gobierno aunque, como ha sostenido Umberto Romagnoli y ha escrito Mario Rusciano (www.eguaglianzaeliberta.it [1]) viola los convenios sectoriales nacionales, el Estatuto de los trabajadores y la propia constitución, por lo que es completamente improbable que pueda resultar operativo.
Pero en el diseño del gobierno hay algo más. Se quiere llevar a efecto un diseño que altera radicalmente la estructura de la negociación colectiva y de la representación sindical. En síntesis la liquidación del convenio estatal y el desplazamiento del centro de gravedad a la negociación en el nivel de la empresa. Este diseño cuenta con el apoyo no solo del empresariado sino también de un amplio frente político de derecha y de un ala de economistas y de juristas del trabajo supuestamente (o al menos así se declaran) de centro-izquierda.
El argumento traído en apoyo de este cambio estructural del modelo contractual estaría en la necesidad de las empresas de hacer frente a las exigencias de la competitividad impuestas por la globalización. Desde el punto de vista de los trabajadores se trata de una motivación infundada a la que fácilmente se le puede dar la vuelta. Porque justo en el marco de la globalización, la acción colectiva, fragmentada a nivel de empresa, coloca al sindicato y a los trabajadores, en una permanente condición de chantaje, y rompe el cuadro de referencia en el que se mueven las propias empresas.
Un ejemplo clamoroso lo hemos visto en Italia con la Fiat. Marchionne, administrador – delegado de la Fiat – Chrysler, ha exigido romper la relación con el convenio estatal del sector del metal y la aceptación de un empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo. En la práctica, sin negociar, al mantener como única alternativa a su propuesta el cierre del centro de trabajo de Pomigliano, en los alrededores de Nápoles, y el histórico de Mirafiori en Turín, que una vez fué la mayor fábrica automovilista europea. La CISL y la UIL, rompiendo con la FIOM – CGIL han suscrito el acuerdo y los trabajadores en un referéndum impuesto por la empresa han aprobado bajo chantaje el acuerdo, pues de lo contrario cerraría la fábrica y perderían sus puestos de trabajo.
Hay que decir que no se trata de una invención extemporánea, o debida a la particular agresividad de una empresa. Es el modelo americano, por lo demás basado en la negociación por empresa, que en curso de las últimas décadas, con el avance de la globalización, ha casi destruido al sindicato americano que en el sector privado representa sólo al 7 por ciento de los trabajadores. El resultado ha sido el estancamiento de los salarios, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la explosión de la desigualdad.
Con la disminución de la unidad y de la solidaridad que es el terreno sobre el que se operan las mediaciones necesarias del convenio estatal, y en donde se fijan también las reglas y las fronteras de la negociación de empresa, la condición de aislamiento en la que se encuentran los trabajadores y el sindicato en la confrontación fragmentada fábrica por fábrica, la postergación del sindicato en una empresa, casi siempre impuesta bajo el chantaje del empleo, se convierte en el paradigma de la negociación en el resto de las empresas. No es una solución para afrontar los riesgos conexos a la globalización, sino un modo de hacer de los trabajadores el chivo expiatorio.
En este contexto, el diseño neo-conservador que atraviesa la Unión Europea, y en particular, la eurozona, ha estado – y continúa estando – en el centro de la protesta y de la movilización popular que han caracterizado el último año. Pero parece que falta en el planteamiento político de la izquierda una clara conciencia del hecho que las clases dirigentes están usando despreocupadamente la crisis para construir una condición de postergación de las clases trabajadoras en las relaciones sociales de poder.
Contrariamente a las que podían constituir las esperanzas de una crisis que fuera abordada teniendo en cuenta las lecciones de la historia de la Gran depresión, estamos frente a una inversión teorizada y practicada de lo que al inicio de la crisis se evocó como un posible nuevo New Deal. Es necesario combatir la desconfianza y la apatía para reconstruir un terreno de iniciativa común entre sindicatos, partidos políticos de izquierda y cultura progresista. El slogan de las grandes manifestaciones masivas de las mujeres, en febrero de 2011 – il popolo viola – lo decía con toda propiedad: “Si no es ahora, ¿Cuándo?”
(Revista de Estudios http://www.1mayo.org/nova/files/1018/Revista33.pdf [2] )